Lo sucedido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta es un escándalo que retrata a la perfección la deriva de una política migratoria ineficaz y ciertamente cobarde. Un inmigrante que ha entrado ilegalmente en nuestro país agrede sexualmente a una enfermera del propio centro, un acto que, en condiciones normales, debería haber tenido como respuesta inmediata su expulsión a su país de origen. Sin embargo, eso no sucede, sino todo lo contrario, lo que se pretende desde las instituciones es premiar al agresor con lo que precisamente vino a buscar: el traslado a la Península, algo que le permitirá moverse libremente por el resto del país y del continente europeo.

Este mensaje es demoledor. Si agredir a una trabajadora y sembrar el caos en un centro de acogida se traduce en obtener el deseado billete para cruzar a la Península, es evidente que otros verán en el comportamiento delictivo la fórmula más eficaz para lograr sus objetivos. En lugar de disuadir la violencia y las conductas ilegales, se alimenta el efecto llamada entre quienes esperan su turno para forzar al sistema a concederles el acceso que la ley les niega.

Pero la indignidad de este episodio no termina aquí. La Secretaría de Estado mantiene aún en su puesto al director del CETI de Ceuta, a pesar de que ha consentido, encubierto y favorecido un clima en el que la agresión no solo no se sanciona, sino que termina siendo premiada. Cada día que pasa sin su cese es un día en el que el Gobierno legitima la inoperancia y la negligencia de quienes gestionan uno de los asuntos más delicados para la seguridad y la convivencia en nuestras fronteras.

La gestión de la inmigración ilegal no puede recaer en manos de personas incapaces de imponer el orden y el cumplimiento de la ley. Lo ocurrido en el CETI demuestra que, cuando se pierde el control y se actúa con debilidad, los centros de acogida se convierten en un campo abonado para la violencia, la impunidad y la manipulación de un sistema que ya ha dejado de proteger a los ciudadanos y a sus propios trabajadores.

El Gobierno debe rectificar inmediatamente, cesar al responsable que ha permitido este disparate y garantizar que cada inmigrante que atente contra las personas o las normas sea deportado sin contemplaciones. Lo contrario es convertir la agresión en un método con el que fomentar el efecto llamada y renunciar a defender la seguridad y la legalidad en nuestras fronteras.