Ha sido la Abogacía del Estado la que con un dictamen negativo ha tumbado el procedimiento que empleó el Gobierno de la Ciudad para dotar de una ampliación de 1,4 millones de euros a Trace y aumentar la plantilla tal y como exigía el comité de empresa en la figura de Juan Gutiérrez (a la sazón diputado socialista en la Asamblea).

Una exigencia (con cierto tufo de presión política y empresarial) que ha condicionado el proceder de la tramitación de la Ciudad Autónoma, hasta el punto de desoir los informes de la Secretaría General y de la Intervención y Contratación que aportaban soluciones distintas por no corresponderse con la legalidad lo pretendido, es decir, el aumento de las prestaciones económicas y del servicio dentro del vigente contrato de limpieza viaria a razón de 100.000 euros mensuales para "limpiar con lejía", denunció el pasado 30 de marzo Fatima Hamed (MDyC). Un total de 1,4 millones de euros. Un aumento "sin justificación ni informes", añadió el líder de Caballas, Mohamed Alí.

Ante el rechazo de los técnicos de la casa a firmar la pretendida tarea de dotar de mas economía a Trace (en 2005 ya se amplió hasta el tope del 10% legal sobre el contrato original), el Gobierno trató de apoyarse en los de los informes de réplica a los técnicos de la Dirección Gerencia de Acemsa, cuyo titular, Sánchez Valderrama, además de múltiples funciones asumidas y entregadas por el Gobierno, lleva el control de la limpieza viaria y recogida de residuos, bajo la tutela ahora de la Consejería de Hacienda de Kissy Chandiramani, una vez 'solucionada' la desvinculación de la empresa municipal de aguas de su histórica matriz, la Consejería de Medio Ambiente de Yamal Driss. De este modo se ha pretendido cerrar el círculo del control 360º sobre las múltiples contrataciones también de obra pública y de encargos de servicios en manos del responsable del agua municipal.

Sin informes técnicos de la casa, y con los reparos a esta negativa que firmaba el director gerente de Acemsa, el Ejecutivo, conminado a cumplir con la ampliación del contrato de prestación de servicios a Trace, adjudicó un informe jurídico (15.000 euros) a un bufette externo en el que apoyar una decisión política-administrativa. Ha sido ya la formación Caballas la que ha reclamado la devolución de ese dinero público en la tarde de hoy.

El presidente, Juan Vivas, ante el cariz de los acontecimientos, pero con la adjudicación del 1,4 millones en ciernes, ampliación de plantilla exigida por Juan Gutiérrez como añadido, se comprometió a esperar finalmente al dictamen de la Abocía del Estado y, dijo comprometerse a someterse a su criterio. Hoy se ha conocido que la abogada del Estado ha tumbado la pretendida maniobra, por no ajustarse a Derecho.