Fatima Hamed, portavoz del MDyC, ha comparecido en la mañana de este martes para pedir la paralización del decreto por el que se avala la implementación de 1,4 millones de euros más para la concesionaria del contrato para la limpieza pública viaria, la empresa TRACE. Se trataba de un decreto cuyo objetivo era adaptar la limpieza a las necesidades derivadas de la pandemia, pero del que deduce, ha explicado Hamed, que se pasaría a limpiar las calles con más cantidad de lejía.

Una modificación que, en consecuencia, Hamed ha tachado de “la última cacicada de Vivas”, ya que es “evidente” que busca “beneficiar a alguien”. Una decisión que no está avalada, según el MDyC, con ningún informe “ni del Interventor ni del área de Contratación”. “Deben explicarnos por qué lo hacen y por qué no tienen en cuenta a los funcionarios, siguiendo el criterio del gerente de Acemsa”, ha cuestionado Hamed.

“No cuenta con aval de jurídico alguno. El informe de Epidemiología no dice que sea necesario más limpieza. Desconocemos quién ha redactado el decreto, no es ningún funcionario”, ha remarcado la portavoz de MDyC, quienes exigen que se elabore un informe jurídico de la secretaria general antes de aprobar modificación alguna.

Ante estas declaraciones, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, de la que depende dicha competencia, ha enviado un comunicado respondiendo al Grupo, en el cual detalla “que se ha seguido al detalle y de manera escrupulosa el procedimiento para la reestructuración del servicio con el único objetivo de atender las nuevas necesidades en materia de limpieza originadas por la pandemia de la COVID- 19 y, al mismo tiempo, prescindiendo de otras actuaciones no necesarias como las relativas a las distintas festividades que suponen concentración de personas”.

Así como: “Que la situación excepcional causada por la enfermedad del coronavirus ha motivado un refuerzo del servicio que supondrá, a su vez, ampliar el número de efectivos disponibles en 50 trabajadores a lo largo de todo el presente ejercicio.Que más del 90 % de la cuantía dirigida a reforzar el servicio de limpieza está destinada a sufragar los costes de personal”.  

Por último, añade: “Que el expediente de dicha reestructuración cuenta con la asesoría de un gabinete jurídico especializado en derecho administrativo que emitió un dictamen favorable, a cargo del jurista y catedrático en Derecho español, Tomás Ramón Fernández, por el que determinaba que se podía aplicar la cláusula número 36 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato para la limpieza pública y que, de acuerdo a dicha cláusula, es posible llevar a cabo la reestructuración del servicio siempre y cuando se respeten los precios unitarios y se mantenga el equilibrio financiero de la empresa”.