El ministro de Política Territorial y mando único de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha comparecido tras la reunión del Comité de Seguimiento de la crisis para hacer balance de la situación que atraviesa la ciudad después de la invasión registrada a finales de julio.

Torres ha insistido en que una de las prioridades del Gobierno es acelerar la salida de las personas que permanecen en Ceuta, especialmente mediante los retornos voluntarios a Marruecos y las reagrupaciones familiares. El ministro ha vinculado además la agilización de estos procedimientos a la disponibilidad de espacios adecuados para concentrar y atender temporalmente a los inmigrantes.

El responsable del Ejecutivo ha defendido que la Administración General del Estado está desplegando recursos extraordinarios para hacer frente a una situación que ha desbordado durante semanas las capacidades ordinarias de la ciudad autónoma.

En su anterior comparecencia en Ceuta, Torres cifró en 3.658 los retornos voluntarios a Marruecos efectuados desde el 10 de agosto y situó en 1.612 los menores no acompañados que habían sido identificados hasta entonces. También anunció la habilitación de nuevos espacios para atender a quienes todavía permanecían en las calles.

El ministro ha defendido que el objetivo del Ejecutivo es que la crisis no se prolongue y que la ciudad pueda recuperar progresivamente la normalidad. Una normalidad que, sin embargo, continúa condicionada por la presencia de miles de inmigrantes y por la presión sobre los servicios públicos, los dispositivos de acogida y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La reunión del Comité de Seguimiento se produce además en un momento de elevada tensión política. El Gobierno ha desclasificado alrededor de 40 documentos relacionados con la crisis, entre ellos comunicaciones del CNI, informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

La publicación de estos documentos cuestiona si el Ejecutivo recibió información suficiente antes de la invasión del 30 de julio. Mientras el Gobierno sostiene que no existían avisos que permitieran anticipar la magnitud de lo ocurrido, la oposición reclama responsabilidades y cuestiona la capacidad de prevención del Estado.

En paralelo, Bruselas ha concedido a España 114,7 millones de euros para afrontar las consecuencias de la crisis de Ceuta, con fondos destinados, entre otras actuaciones, al refuerzo de la protección fronteriza y a nuevas tecnologías de vigilancia.