La Comisión Europea ha aprobado una financiación de emergencia de 114,7 millones de euros para España destinada a hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio.

La ayuda europea llega después de que el Gobierno español formalizara el pasado 24 de agosto su petición de asistencia financiera extraordinaria ante Bruselas. La Comisión ha dado luz verde al paquete, que combina 82,7 millones de euros procedentes del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y otros 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).

No se trata, por tanto, de una transferencia de 114,7 millones de euros de libre disposición para España. El dinero está vinculado a actuaciones concretas relacionadas con la gestión migratoria, el control de las fronteras y la capacidad de respuesta ante situaciones de presión migratoria.

Más vigilancia y seguridad en la frontera

Uno de los principales capítulos de la financiación europea estará destinado a reforzar la vigilancia y protección de la frontera exterior de la Unión Europea en Ceuta.

Entre las actuaciones contempladas figuran la adquisición y despliegue de cámaras térmicas, drones submarinos, sistemas de vigilancia y barreras flotantes, además de otras infraestructuras destinadas a impedir nuevos cruces irregulares y mejorar la capacidad de detección y respuesta.

La Comisión ya había señalado que la solicitud española incluía específicamente medidas para reforzar la protección fronteriza y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como nuevas capacidades de recepción.

Retorno de quienes permanezcan ilegalmente

Uno de los aspectos más relevantes de la posición de Bruselas es que la prioridad europea pasa por garantizar el retorno rápido de todas las personas que permanezcan ilegalmente en Ceuta.

La Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones durante la crisis que espera de España que continúe trabajando para devolver a quienes entraron ilegalmente. Bruselas ha recordado, además, que los retornos están regulados por la normativa europea y, en particular, por la Directiva de Retorno.

La Comisión también ha señalado que las autoridades marroquíes han manifestado su disposición a readmitir a quienes llegaron ilegalmente a Ceuta, incluidos los menores no acompañados, mientras que el Gobierno español ha asegurado a Bruselas que no se produciría un traslado automático de estas personas a la Península.

Capacidad de acogida y atención a los menores

Otra de las condiciones vinculadas a la financiación es el refuerzo de la capacidad de recepción y acogida, especialmente ante la situación de los menores extranjeros no acompañados.

La Comisión confirmó expresamente que la petición española incluía la creación o ampliación de capacidad suficiente para atender a las personas que permanecen en Ceuta, incluidos los menores.

Por tanto, una parte de los fondos europeos podrá emplearse en instalaciones, equipamiento y recursos necesarios para afrontar la presión sobre el sistema de acogida.

Apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo

El acuerdo financiero se integra además en una respuesta europea más amplia. Bruselas ha ofrecido a España el apoyo de sus agencias, especialmente Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Frontex ya contaba con efectivos desplegados en Ceuta antes de la crisis y la Comisión ha señalado que está preparada para ampliar ese apoyo si las autoridades españolas lo solicitan.

La UE pretende así combinar financiación, medios tecnológicos y apoyo operativo para reforzar el control de la frontera exterior.

Bruselas fija también el marco de actuación

La financiación europea se enmarca en los objetivos del Fondo de Asilo, Migración e Integración para el periodo 2021-2027. Entre sus objetivos se encuentran reforzar la gestión migratoria, combatir la inmigración irregular, mejorar la eficacia de los retornos y promover la solidaridad entre los Estados miembros sometidos a presión migratoria.

En el caso concreto de Ceuta, la Comisión ha dejado clara su hoja de ruta: reforzar la frontera, aumentar la capacidad de gestión y acogida y garantizar el retorno de quienes se encuentren ilegalmente en territorio español.

La ayuda europea supone, por tanto, un importante respaldo económico a España, pero también establece un marco concreto para el uso de los recursos. Bruselas no plantea el dinero como una solución para mantener indefinidamente en Ceuta a quienes entraron ilegalmente, sino como una herramienta para reforzar la frontera, gestionar la situación y facilitar los retornos.

La cifra de 114,7 millones se suma a la financiación europea que España ya venía recibiendo en materia de asuntos interiores. La Comisión había explicado que España dispone de más de 1.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y que, dentro de las ayudas de emergencia ya concedidas, alrededor de 28 millones estaban destinados específicamente a reforzar el apoyo relacionado con la gestión migratoria en Ceuta.