Como un sniper (francotirador), la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha vuelto a apuntar y a disparar. Con su estrategia de una bala (demanda) y muerto (político caído), y tras demandar el nombramiento de Javier Celaya como director general, ahora se ha centrado en denunciar ante el juzgado el de Víctor Ríos como director general de Protección por no ser funcionario del Cuerpo Superior A1 (licenciados).

El sindicato se erige como oposición judicializadora de la vida política del Gobierno de la Ciudad Autónoma que, ante la manifiesta debilidad para ejecutar sus planes en el Ejecutivo, le ataca de manera sostenida y permanente a su línea de flotación.

El sindicato critica el número de directores generales nombrados por Vivas (17) "más que los que tiene la Generalitat", y ha vuelto en manos de su responsable jurídico, Ramón Lladó, la nueva causa en los tribunales.

Lladó ha llegado a decir públicamente -lo hizo la pasada semana- que "Vivas tiene que saber lo que es, y no creerse lo que no es", en referencia a las discrepancias sobre la capacidad autonómica de Ceuta y de las atribuciones del alcalde-presidente que han quedado en entredicho tras la última sentencia del la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en la que el altro tribunal dio la razón a UGT sobre los nombramientos de cargos no electos, que ha concluido con el cese de siete viceconsejeros este pasado viernes.

En el escrito de su demanda se incluye el siguiente tenor: "...el Ayuntamiento de la Ciudad de Ceuta actúa como una auténtica AGENCIA DE COLOCACIÓN de cargos políticos del Estado que han perdido su puesto político en la Administración del Estado, por el devenir electoral.En el presente caso, y en cuanto a D. Víctor Ríos del Yerro se carece de conocimiento sobre si reúne la condición de FUNCIONARIO PÚBLICO, y si pertenece al Grupo A1 tal y como exige la Ley".