El Puerto de Ceuta ha sido siempre, es, y debe seguir siendo uno de los claros pulmones económicos que contribuyan al crecimiento de la ciudad. Su proyección y su capacidad para sostener a Ceuta le sitúa como un actor principal de futuro y de estabilidad.

Entrando directamente en materia, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha dado el visto bueno a la ocupación de 10.000 metros cuadrados en la ampliación del Muelle de Poniente para la construcción de la base del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza. Es, sin duda, una decisión trascendente y lógica que evitará sobrecostes, pérdida de tiempo ‘in itinere’ de los vehículos y del personal. Es, en todo caso, un ahorro en estos momentos -dado el precio del combustible- una menor sobrecarga económica y, lo más importante, la mejoría de la calidad para el personal quienes son los que, en cualquier caso, asumen el sacrificio y el esfuerzo de algo tan necesario como es trabajar al servicio del ciudadano.

Queremos entender que la ubicación de esta instalación -de la que nos alegramos- y que es estratégica, no será a costa de terceros, dado que el recinto portuario tiene suficiente superficie como para atender algo tan importante como para prestar un servicio tan fundamental y elemental de cara a los ceutíes.

Si la superficie que ocupará es de unos 10.000 metros cuadrados y, dado que la Ley de Puertos somete a información pública previa a aquéllas que son superiores a los 2.000 m2, deben estar sometidas a ‘competencia de proyecto y obra’, al margen de que su naturaleza fuese de interés general -como es el caso- salvo que hubiera un acuerdo previo con el Ente Público Puertos del Estado que desconocemos, no debería de haber ningún problema para la ubicación de esta instalación. Hay espacio más que suficiente en la ampliación del puerto teniendo en cuenta que hay una zona de carácter industrial y otra de carácter logístico.

En todo caso -para no afectar a ninguna petición previa- siempre habría tiempo, por el carácter urgente y las razones de interés general, de una modificación del Plan de Usos Portuarios, con el visto bueno del Ente Público, de los algo más de 75.000 metros cuadrados destinados actualmente a zona logística, teniendo en cuenta que es más importante para Ceuta modificar esta superficie que ocupa las 2/3 partes de la ampliación del Muelle de Poniente. Fundamentalmente porque es una evidencia que no habrá exceso de movimientos de contenedores al no cumplirse las aspiraciones de la Autoridad Portuaria para una plataforma de este nicho de mercado.

Puede modificarse y reducirse la superficie logística, dadas las necesidades actuales, en favor de la zona de carácter industrial para generar más actividad en este campo. Teniendo en cuenta que el Puerto de Ceuta no es un a dársena de conexión ni de enlace en el tráfico de contenedores, más allá del ser receptor de éstos para el suministro local, parece lógico que la superficie sea mayor para la instalación de empresas locales, nacionales o internacionales u otras de carácter industrial o complementaria para la generación de economía y de empleo.

Por otro lado, no parecería razonable que siendo el puerto de Ceuta uno de los puertos más importantes del Mediterráneo en suministro de combustible, quedara mutilado para instalaciones que pudieran ubicarse en este recinto. Hay algo inexorable, que el puerto de Ceuta es una de las dos columnas de Hércules de un Estrecho por donde transitan uno de los más numerosos tráficos de buques del mundo, por lo que el suministro de combustible debe fomentarse en su desarrollo y provocar -incluso- el incremento de estas operaciones.

Pero volviendo al principio de la cuestión, en cualquier concesión administrativa en el recinto portuario superior a los 2.000 metros cuadrados está previamente sometida a ‘competencia de proyecto y obra’; información pública y, en caso de presentarse alegaciones, la Autoridad Portuaria tendrá que redactar un Pliego -aprobado por Puertos del Estado- para someter a concurso la petición de superficie. En todo caso, para defender de forma prioritaria el interés del Puerto.

Teniendo en cuenta que los puertos son entes públicos sometidos al principio de complementariedad dentro del sistema y, siempre al de la rentabilidad, todas y cada una de las autoridades portuarias quedan sujetas a unos objetivos y a unos planes de empresa.