Hasta ahora, el Gobierno se ha ceñido a las resoluciones del Consejo de Seguridad y a lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas abogando por un referéndum de autodeterminación. Sin embargo la postura que ahora apoya Sánchez se basa en la propuesta marroquí del año 2007, es decir, en dar autonomía al Sáhara Occidental en los ámbitos administrativo, económico, fiscal o en infraestructuras. Sin embargo, el Estado marroquí tendría jurisdicción exclusiva en materia de soberanía como la bandera o la moneda, la seguridad nacional o el poder judicial. El comunicado de Marruecos sobre el cambio de España se dio a conocer ayer.

El giro de posición es significativo, si tenemos en cuenta los orígenes del asunto saharahui tras los acontecimientos de la Marcha Verde y lo que se provocó tras ello.

El día 14 de noviembre de 1975, se firmó en España el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. Estos últimos reclamaban el territorio del Sáhara Occidental como parte del suyo propio, aunque resoluciones de la ONU como la 377 se han mostrado en contra de la ocupación de cualquiera de los dos países sobre el territorio saharaui.

La ley sobre la descolonización del Sáhara, firmada el 19 de noviembre de 1975, recogía que España tenía intención de “culminar el proceso de descolonización”. En 1976, en  el Real Decreto 2258/1976, el Gobierno indicaba que España, a fecha de 26 de febrero, “había puesto término definitivo a la presencia en dicho territorio, y a sus poderes y responsabilidades”. 

En estos momentos, España no figura en la lista de Naciones Unidas como potencia administradora de ninguno de los 17 territorios “no autónomos”. Según la ONU, solo el Sáhara Occidental no lista su potencia administradora.  Sin embargo, la ONU también muestra una nota a pie de página en  esta lista de territorios:  "El 26 de febrero de 1976 España informó al Secretario General de que, con esa fecha, el Gobierno español daba término definitivamente a su presencia en el Territorio del Sáhara y estimaba necesario dejar constancia de que España se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho Territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se había establecido para el mismo. En 1990, la Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sáhara Occidental era un problema de descolonización que debía resolver el pueblo del Sáhara Occidental". Pero curiosamente no indica si la ONU lo acepta.

España, potencia administradora del Sáhara de iure pero no de facto

En 2014, un sumario de la Audiencia Nacional presidida entonces por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explica que un “importante sector doctrinal” sigue considerando que España es potencia administradora de iure, aunque no de facto. Es decir, que lo es ante la ley, pero no en la práctica. 

Esto se debe  a que los Acuerdos de Tripartitos de Madrid no son válidos si no se realiza un referéndum en el territorio ocupado. La Asamblea General de Naciones, en su resolución 3458 B, “admitió el Acuerdo Tripartito, siempre y cuando los firmantes de dicho Acuerdo realizarán un Referéndum”. Este referéndum no se ha realizado. 

Debido a esto, la Audiencia Nacional dicta que “España, de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. 

El futuro ¿pan para hoy, hambre para mañana?

La 'cesión' a Marruecos por el giro de 180 grados dado por el Gobierno de España respecto de su tradicional posición sobre el Sáhara se produce en un contexto de previa crisis hispano-marroquí tras el caso 'Ghali' (acogidao por España al enemigo número 1 marroquí, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario), que provocó una invasión sobre Ceuta en mayo de este pasado año protagonizada por más de 15.000 civiles favorecidos por las autoridades marroquíes, así como una constante llegada de inmigrantes a las costas españolas, fundamentalmente a Canarias y varios saltos a la valla de Melilla.

Los análisis sobre este cambio de postura pueden entenderse como una salida del Gobierno de Sánchez por no ser capaz de afrontar con éxito una respuesta a la denominada 'guerra híbrida' (no convencional) propuesta por Marruecos con el fin de desestabilizar y presionar las fronteras y la integridad territorial de España.

Finiquitado con éxito para Marruecos, torciendo la postura tradicional española sobre el Sáhara, la pregunta que cabe hacerse ahora con las perspectiva del tiempo es ¿Cuánto tiempo tardará el vecino, en aspirar a más, una vez estabilizada su situación sobre el Sáhara?. Ceuta, Melilla, Canarias y las posesiones españolas (Chafarinas, la isla de Alborán, el Peñón de Vélez de la Gomera, las islas Alhucemas), que anhelan los marroquíes, pueden ser el siguiente paso.

Y Argelia, enemigo de Marruecos, y aliado del Frente Polisario, ¿Qué dirá en estos momentos, en que el gas es tan prioritario en estos momentos cruciales de crisis en la energía y del que depende España para su suministro?