El Defensor del Pueblo Español ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que conceda la autorización de residencia y trabajo a las trabajadoras y trabajadores transfronterizos atrapados en Ceuta desde hace dos años.

Así lo recoge en su respuesta del pasado martes a la de queja que interpuso la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en noviembre para dar solución la dura situación que atraviesa este colectivo de 500 personas, que no puede regresar con sus familias debido al cierre de la frontera con Marruecos, en marzo de 2020.

En la queja, apoyada por 168 colectivos de ámbito nacional e internacional en la campaña #TransfronterizasConDerechos, se ponía de manifiesto no solo la situación administrativa excepcional por la Covid-19 en la que se encuentran estos hombres y mujeres, "que las excluye del sistema y las dejan sin posibilidades de construir una vida digna". Estas personas, en su mayoría trabajadoras de hogar y cuidados –aunque también de otras muchas profesiones- dependen de los acuerdos entre ambos países, al encontrarse sin posibilidad de renovar su documentación caducada.

El documento remitido por el Defensor del Pueblo informa de que “se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma, mediante la concesión de una autorización de regresi en el caso de ser necesario, a fin de poder reunirse con sus familiares y renovar su documentación". 

Además, responde el Defensor que “se ha solicitado que no se exija documentación marroquí que sea imposible obtener en el actual momento para tramitar autorizaciones de residencia o de trabajo”, cuestión que desde la entidad se ha venido demandando que se pudiera realizar a través de la cédula de inscripción, para regularizar así la residencia y el permiso de trabajo de las 500 personas que se encuentran en Ceuta. 

Asimismo, reconoce "que los y las trabajadoras transfronterizas se encuentran separadas de sus familias e impedidos de regresar a sus localidades de residencia por una situación sobrevenida, hecho que llevan denunciando desde hace más de seis meses, en las concentraciones de cada lunes ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno".