El secretario de Política Municipal del PSOE, Gonzalo Sanz, ha aplaudido la firma del Protocolo para acabar con la exclusión financiera, con el que, en sus palabras, “el Gobierno de España demuestra su apoyo al colectivo de consumidores del sector de la banca, especialmente las personas mayores, quienes más han sufrido durante las legislaturas del PP la progresiva merma de derechos fundamentales en sus derechos como consumidores”. 

Los pilares principales de este compromiso auspiciado por el Ministerio de Asuntos Económicos y su titular, Nadia Calviño, suponen, entre otras medidas:

-Ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores de 9:00 a 14:00 horas

-Dotar de prioridad a personas mayores y personas con discapacidad en caso de alta influencia de público en las oficinas.

-Facilitar atención telefónica preferente y gratuita a este colectivo

-Ampliar el horario de atención de 9:00 a 18:00 en caso de no contar con servicios de oficina

-Garantizar accesibilidad y sencillez de acceso a cajeros, aplicaciones móviles y páginas web, ofreciendo versiones adaptadas.

-Formación específica y obligatoria al personal de la red comercial en las necesidades de este colectivo.

Todas estas medidas forman parte del proyecto global del gobierno del PSOE para dar luz verde a la inminente Ley de Servicios de Atención al Cliente, en la que se hará especial hincapié en la defensa de los clientes financieros y que, en palabras de Sanz “garantizará que todas las entidades financieras tengan un código de conducta prefijado que compatibilice sus beneficios económicos con un tratamiento digno hacia nuestros mayores”.

Es preciso recordar que ya en el año 2021, el Ejecutivo nacional transfirió 140 millones de euros a las comunidades autónomas con el objetivo de expandir las competencias digitales de la población. Esta medida, la firma del presente protocolo y la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente son, para Sanz “el mejor ejemplo de cómo el Gobierno escucha las demandas populares”, en alusión a las más de 600.000 firmas recabadas por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, actores claves en la consecución de esta primera gran medida protectora a nivel consumidor.