De manera conjunta, CCOO, CSIF y UGT han denunciado en una rueda de prensa el curso que ha seguido un proceso selectivo del organismo público Servicios Tributarios. Después de que un Tribunal haya publicado la resolución definitiva del proceso de oposiciones en base a las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha instado a ese Tribunal, a través de la firma de un decreto, a que modifique ese resultado.

El aspirante tiene poder reconocido en la Constitución Española, a través de un Contencioso, para pedir la impugnación o señalar un error en un proceso selectivo de oposición, pero esa modificación o impugnación no puede realizarse, han señalado Antonio Ramírez (UGT); Ricardo Martínez (CSIF) y José Antonio López (CCOO), a golpe de decreto por parte de una consejera.

“Es completamente irregular que un político le diga a un Tribunal qué tiene que puntuar o qué debe modificar en unas bases”, han señalado los sindicalistas en respuesta a cómo ha actuado Chandiramani. “Los Tribunales de Justicia son los que deben realizar ese trabajo”, han explicado los representantes de los trabajadores, adelantando que no descartan emprender “cuantas acciones judiciales se requieran”.

“Ataca la independencia y capacidad de los tribunales de oposición”, han explicado sobre este asunto los sindicatos, quienes no cuestionan si el resultado del Tribunal es o no el correcto, sino que apelan a que sean las personas, y no la consejera, las que si así lo consideran acudan a la vía legal. 

De hecho, el dilema apareció después de que una persona apuntara que existían varias preguntas que tendrían que ser sustituidas. Un recurso que debería haberse atendido por la vía ordinaria, no atacando a la “independencia de funcionarios públicos dentro de los tribunales”.