Una vez más los problemas asociados a los MENAs son objeto de noticias en los medios y sirven para marcar las diferencias entre formaciones políticas, máxime en esta época electoral.

El hecho de que un sector de estos Menores Extranjeros, más concretamente el grupo de los comprendidos entre los 14 y los 18 años, produzca problemas que acarrean un grave deterioro de la convivencia lleva a pensar que es sólo este colectivo el que debe centrar toda la atención. Y ciertamente es un problema que hay que afrontar seriamente. Pero insisto en que es sólo una parte del mismo. Lejos de los titulares se encuentran otros colectivos de menores que pasan demasiado desapercibidos y que deben incluirse en una perspectiva más compleja. ¿Saben los ciudadanos que aproximadamente un tercio de la población subsahariana del CETI puede encontrarse entre los menores? Este tercio de población (puede alcanzar hasta unos doscientos residentes) es difícil de definir porque, al no tener documentos, la Administración se fía de sus declaraciones y así constan con fechas de nacimiento muy próximas, por exceso, a los dieciocho años.

Y ello se refiere a datos que conocemos fehacientemente. Las declaraciones de las Organizaciones Gubernamentales y No-gubernamentales nos hacen pensar que el problema alcanza proporciones considerables, incluso entre los inmigrantes que alcanzan la península mediante los diferentes sistemas.

Dentro del capítulo de los menores, aunque no sean propiamente MENAS, se encuentran otros menores que cruzan la frontera (o el estrecho) con los que dicen ser sus progenitores. En este caso las pruebas de ADN son determinantes sobre la veracidad de esa relación paterno-filial. Y hay que decir que en pocas ocasiones se puede afirmar que el menor es un anchor-baby, o niño-ancla, utilizado por algunos inmigrantes como recurso para no ser expulsado del país.

Un colectivo que creció especialmente en el año pasado (2018) fue el de las mujeres embarazadas en la mayoría de los casos de familia monoparental o desestructurada, tanto de origen subsahariano como magrebí. En este caso, también son las Comunidades Autónomas las responsables de velar por los neonatos cuando se encuentran en grave riesgo. Los riesgos que se asumen son su utilización por las organizaciones criminales como herramienta para seguir controlando a sus madres, que sean vendidos como mercancía o que sean empleados como simples almacenes de órganos para la venta clandestina de los mismos. En estos casos, la carencia de datos fiables es casi total. De hecho nadie habla directamente del problema, si no de forma tangencial.

Resumiendo. Como en la mayoría de los problemas, el tema de menores inmigrantes presenta muchas facetas y son muchos los actores implicados de acuerdo a la legislación vigente: el Gobierno Central, en la medida en la que se trata de casos vinculados a la inmigración; el ministerio fiscal, quién tiene atribuidas determinadas responsabilidades en lo que se refiere a las pruebas tanto de ADN como de edad, y en la tutela a los menores, y finalmente el Gobierno Autónomo, en lo que se refiere a los menores en riesgo.

Más allá de un protocolo como el existente (Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados), lo que empieza a necesitarse urgentemente es una estrategia que afronte los diferentes problemas enunciados.