Antes de que la pandemia del COVID-19 paralizara todo, los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores estaban trabajando en una frontera en Ceuta con Marruecos que se rigiera por la tecnología denominada inteligente. Durante el cierre de la frontera se siguió trabajando en ello.

La reapertura de la frontera parece cada vez estar más cerca, aunque han sido ya tantas las veces que se ha previsto la fecha que nadie asegura cuándo volverá a abrirse la frontera. Sin embargo, ante esta próxima -aún indefinida- reapertura, más de una cuarentena de entidades sociales y ONGs se han mostrado en contra de esa tecnología inteligente.

Uno de los aspectos destacables en tecnología será el reconocimiento facial. Pero para estas entidades ese reconocimiento puede suponer una amenaza a los derechos humanos.

“La aplicación de la 'frontera inteligente' como un elemento de lucha contra el terrorismo supone un peligro de discriminación y criminalización y la convierte en un nuevo dispositivo racista dentro del Estado Español”, han denunciado estas entidades en una carta.

Consideran además que se produce una “vulneración de derechos fundamentales”, una “violación de la privacidad” y una “discriminación y criminalización”. “Las políticas antiterroristas a menudo han resultado una herramienta de propagación de la islamofobia, que han tenido como consecuencia un rechazo generalizado hacia la población migrante y racializada. Es de sobra conocido que los algoritmos de reconocimiento facial suelen arrojar falsos positivos y falsos negativos en rostros no caucásicos, lo cual, en este contexto concreto, podría suponer graves consecuencias para personas identificadas erróneamente como sospechosas de actos terroristas”, agregan en la carta que puede leerse en este enlace.