En la actualidad, el Gobierno de Ceuta aún mantiene albergados a casi 400 menores llegados en la crisis de mayo. En concreto a 374, mientras que 144 adultos se mantienen albergados en las naves del Tarajal. Así lo ha explicado este martes, día 11, en el Pleno la vicepresidenta primera de la Ciudad, Mabel Deu.

Deu ha defendido la gestión desarrollada por el Gobierno autonómico para albergarlos, destacando “la paciencia, madurez y sacrificio” que demostraron los ceutíes durante aquellos acontecimientos. Así como la “colaboración con distintas entidades”, lo que ha facilitado, en palabras de Deu, “una atención integral” de la emergencia provocada por esa entrada masiva.

Este modo de actuar ha sido denunciado por el Grupo VOX, quien ha llevado al Pleno una propuesta relativa a “romper todos los acuerdos entre la Ciudad y las empresas que permitan o fomenten el intrusismo laboral”. Y es que según ha explicado su portavoz, Carlos Verdejo, estas medidas están llevando a la contratación de empresas que fomentan el intrusismo laboral, especialmente en lo relativo a los vigilantes de seguridad.

“Esta ciudad sufre problemas graves de inseguridad y aunque hay muchas personas tituladas como vigilantes de seguridad, ustedes dan instrucciones para que los vigilantes no hagan su labor de seguridad con los menores”, ha explicado Verdejo, quien ha acusado a Deu de ser “experta en contratos de emergencia y en contratos a dedo”.

VOX ha instado al Pleno a que se rompan “con la máxima celeridad los acuerdos que permiten el intrusismo; se realicen campañas de concienciación de la labor de los vigilantes; no se llegue a acuerdos que permitan la subvención a empresas que permiten el intrusismo y se establezca un compromiso por parte de la Ciudad para que las empresas contratadas estén homologadas en este sentido”.

Deu, sin embargo, ha respondido a VOX que se trataba de una “tergiversación” y que la Ciudad “comparte plenamente que se impida el intrusismo laboral”, reconociendo que la administración está “velada por un magnífico equipo de profesionales”. “La Ciudad cumple la legislación vigente, contando con empresas acreditadas para el ejercicio de la vigilancia”, ha indicado la también consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales.