Aunque fueron cerca de un centenar de personas las que se concentraron en protesta cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegaron a Ceuta durante los sucesos de mayo tras la invasión de civiles marroquíes auspiciados por el propio Marruecos, solo fueron dos los que figuraron en atestado policial. Uno de ellos reconocidos por las fotos y videos que recogieron los medios de comunicación; y el otro (pendiente de juicio), identificado por el conductor (agente de policía de Ceuta) de uno de los vehículos  que formaban parte de la comitiva.

De estos dos acusados, tras haber sido reconocidos por haberle pegado patadas a los coches de ambos políticos, uno de ellos se conformó y reconoció los hechos. Es por ello que ha sido condenado a pagar 12 euros diarios durante 24 meses más 252,38 euros por responsabilidad civil a consecuencia de los daños causados a los vehículos. 

Sin embargo el otro niega los hechos, por lo que se enfrenta a prisión, siendo acusado por la Fiscalía de delitos de resistencia, desobediencia y daños, que ha pedido pena de hasta 4 años de privación de libertad para el juicio oral previsto para este caso, en fecha aún por deterninar.

Además de estas dos personas se sancionó a otras ocho, por la Ley de Seguridad Ciudadana que impone la Delegación del Gobierno con multas económicas, fundamentalmente por participar en una concentración no comunicada. 

Marruecos golpeó a España invadiendo civilmente a Ceuta

Los dos acusados formaron parte del amplio grupo de indignados que bocearon al presidente a consecuencia de cómo se sentían tras la invasión en la que estaba inmersa Ceuta por culpa de un Marruecos, que utilizó a Ceuta en su enfrentamiento político con el Gobierno de España. Estos hechos fueron la represalia del país vecino a que España acogiese al líder del Polisario en un hospital de Zaragoza. Una acción para la que se contó con el permiso de la entonces ministra de Exteriores y cuya presencia en España se intentó ocultar bajo otro nombre.

Un error diplomático que desembocó en la situación que viene padeciendo Ceuta y en un clima de inseguridad en el que están inmersos los ceutíes como consecuencia del gran número de marroquíes acogidos en la ciudad autónoma, entre ellos centenares de menores extranjeros no acompañados (MENA). Lo que conlleva además a un inmenso coste social.