El balance de criminalidad, del que aún no se han dado explicaciones oficiales en Ceuta, ha aumentado en lo que llevamos de año 2021, fundamentalmente se percibe -en los datos ofrecidos por Interior- un incremento a partir de segundo trimestre, coincidente con la invasión de marroquíes que padeció la ciudad y que ha provocado como consecuencia de ello, que un número indeterminado de nacionales de Marruecos (adultos y menores) aún permanezcan en la ciudad autónoma. Fuentes de Interior han reconocido a este medio que la incidencia "palpable en casos de robos con violencia, intimidación, agresiones sexuales, hurtos... coinciden con el aumento de infracciones penales tras los sucesos de mayo". Es una de las consecuencias suscitadas tras el evidente ataque a Ceuta realizado por Marruecos.

Consecuencias económicas

Otra de las consecuencias son las económicas. El desembolso para las atenciones a los que el sistema y las leyes nacionales y europeas obligan a las administraciones a afrontar para estos casos de inmigración y su exponente social suele ser considerable. El pellizco del erario público es realmente notable. De eso era consciente Marruecos y de ello también pervive el micromundo empresarial (travestido en Fundaciones y 'oenegés') generado por estas circunstancias que padece el llamado primer mundo incapaz de regular flujos migratorios.

En el caso de Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma firmó un decreto tras el verano en el que cedía la gestión que le obliga su competencia en asuntos de menores a la Fundación SAMU. La situación de Emergencia excusaba cualquier proceso abierto y de concurso, con lo que el precio resultó muy cuantioso, como se puede percibir de la lectura del mismo, si se sigue el link del mismo que tramitó el servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda y que redactó el equipo técnico-jurídico y de directores generales de Presidencia, Relaciones Institucionales y Menores. 

Casi 60.000 euros al día supone el coste de las atenciones a los MENA en Piniers, una facturación mensual de más de 1,7 millones de euros que desde finales de septiembre cobra la Fundación SAMU, receptora de la adjudicación de la gestión.

SAMU no es capaz de controlar la sensación de inseguridad percibida por la sociedad ceutí, que se confirma con los hechos delictivos que se vienen produciendo y que, lejos de ser casos aislados, como se trata de vender, se proyecta como una realidad diaria, regular y constante. Agresiones, robos... presencia descontrolada de MENA por determinados entornos.

SAMU ha advertido en reciente comunicación oficial que su gestión está basada en un "régimen abierto" y no en un "régimen basado en la represión", cuando se cuestionó y denunció por parte de los sindicatos UGT y CCOO el "intrusismo en la seguridad privada" que imputaban a la Fundación.

Las declaraciones de la Fundación sobre el modelo de su gestión por el que justificó la no presencia de Seguridad Privada, contrasta con la imagen (abajo) de uno de sus trabajadores en el centro de Piniers, donde se dan acogida a más de 700 MENA, palo en mano.

Y la Ciudad Autónoma aún no ha sabido dar respuesta a la demanda de la ciudadanía tras los graves acontecimientos protagonizados por MENA residentes en Piniers. Un trabajador de Cruz Roja asaltado fue asaltado con violencia y herido en la cara con un objeto cortante al que, según denuncia públicamante la víctima, los de SAMU le aconsejaban no acudir a la Policía, y el reciente caso de agresión sexual y violencia en las propias instalaciones gestionadas por SAMU contra una joven trabajadora.

Son los efectos de la invasión que sufrió Ceuta y que seis meses después, aun no se han encontrado soluciones para devolver el 'statu quo' a la ciudad. Ni Gobierno central, ni Gobierno autónomo han encontrado alternativa efectiva más allá de detraer dinero público para afrontar el problema a costa de la paciencia de los ceutíes.