El debate de mociones de los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones se reunió este jueves para abordar distintos asuntos. Entre ellos, los senadores populares instaban al Gobierno de la Nación a que se adopten determinadas medidas para agilizar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) ya que han sido hasta cinco modificaciones legales y aún no ha llegado el texto que ha sido como ley al Senado.

La defensora de la moción ha sido la senadora Mercedes Fernández en representación del resto de senadores populares de dicha comisión en la que es vocal el senador por Ceuta, David Muñoz Arbona. En ésta se parte desde el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, regula la prestación del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Seguridad Social. La puesta en marcha de esta iniciativa fue adelantada, según afirmó en su día el Gobierno, por la crisis consecuencia del Covid-19 y se hizo con carácter de urgencia. Ante la dilatación de dicha medida en el tiempo, la senadora popular ha expuesto en sede parlamentaria “El IMV fue una iniciativa, un instrumento de cohesión social anunciado por el gobierno del presidente Sánchez y quiero recordar a sus señorías que conto el apoyo del grupo parlamentario popular. Hoy, después de año y medio de su implantación, recuérdese que fue a minales de mayo cuando entró el vigor, aun no llego a esta cámara, el Senado.”

Probablemente, "consecuencia de esas prisas iniciales en su implantación, se produjo el colapso en la tramitación de las solicitudes al no disponer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de los medios y la coordinación adecuada para asegurar el cumplimiento de los plazos", han explicado. La primera modificación se produce a través del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para garantizar la comunicación de las diversas administraciones, entre otros extremos.

La senadora popular Mercedes Fernández, jurista y politóloga, insta al Gobierno que es agilice dicho procedimiento ya que: “Han sucedido numerosas modificaciones se suceden unas tras otras, y los plazos de enmiendas han puesto a la seguridad jurídica en una situación indeseada desde el punto de vista legislativo que debemos propiciar desde el Congreso como desde el Senado”

La segunda reforma tuvo lugar a través del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, donde básicamente se regula el Trabajo a distancia, pero también se adicionan en él modificaciones importantes referidas al retraso de las fechas marcadas inicialmente, así como la ampliación del periodo de carencia, estableciendo el plazo ahora en el Código Seguro de Verificación de este documento: Puede utilizar este código para descargar el documento en formato electrónico y comprobar su validez en 31 de diciembre para la obtención del Ingreso Mínimo Vital. Tampoco se exigirá que el beneficiario esté inscrito en los servicios públicos de empleo antes de realizar la solicitud de la prestación, podrá hacerlo a posteriori.

La tercera modificación se produce a través del Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de mayo, donde se pretende corregir “puntos oscuros” de la norma que provocaban inseguridad jurídica y otros que causaban desprotección y se mejora la redacción del texto para una mejor compresión de la población. Se modifican igualmente determinados preceptos de la Ley General de la Seguridad Social para adecuar las prestaciones familiares corrigiendo los inconvenientes causados por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. Tras lo expuesto, la senadora argumenta: “creemos que no existen dudas acerca de la precipitación de la redacción y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital; que produjo desajustes y se establecieron requisitos y calendarios de difícil cumplimiento.”

El senador Muñoz ha expuesto que se llevaron hasta “tres reformas diferentes en cuatro meses por lo que es suficientemente ilustrativo la dilatación en el tiempo, más aún cuando, deben tenerse en cuenta a las dos cámaras colegisladoras, Congreso de los Diputados y Senado y el fin último es el ciudadano, aunque en Ceuta, el número de beneficiarios ha sido más alto que en otros lugares según las fuentes oficiales”

Por todo esto el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto la aprobación de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado a que inste insta al Gobierno de la Nación estas cuatro medidas:

1.- Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la respuesta de la Administración a los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a que se adopten las medidas oportunas para disponer de los medios personales, telemáticos y organizativos que garanticen una pronta respuesta a los ciudadanos, sin perder de vista el objetivo de inserción laboral, así como los itinerarios de inclusión.

2.- Que la Tarjeta Social Digital, que sustituye a la Tarjeta Social Universal, se cree con carácter inmediato para coordinar y mejorar las diferentes acciones de protección social de las diferentes administraciones.

3.- Dar la posibilidad a las Comunidades Autónomas, que lo soliciten, a gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y superar así la discriminación establecida en el Real Decreto-Ley, de 29 de mayo, que solo se extiende a los territorios forales.

4.- Que se proceda de forma automática con carácter anual a la actualización de la prestación del ingreso mínimo vital, establecida inicialmente en 5.538 euros para el ejercicio 2020.

El grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, el PSOE, se ha abstenido ante dicha moción. Pero finalmente, la casi de mitad de votos a favor ha hecho que la moción saliera adelante para poder agilizar la normativa de una manera más ágil en todo el territorio español y sea revisada por ambas cámaras.