El sindicato Solidaridad traslada su apoyo al sector de la vigilancia privada, especialmente afectado por el intrusismo laboral. El sindicato lamenta la actual situación en la que se encuentran los centros de menores, custodiados por personal sin la cualificación adecuada, mientras que anteriormente eran empresas de seguridad las que se encargaban de esta labor. Por ello, reclama a la administración local que no siga permitiendo esta situación y restablezca el servicio de vigilancia privada, así como que aumente el número de efectivos. Y es que, alerta, el número de vigilantes ha sido hasta ahora “insuficiente” y “la muestra son las continuas fugas de menores que se producen”.

“Desde Solidaridad ya venimos advirtiendo y actuando contra el intrusismo laboral que existe en el sector de la vigilancia de seguridad, donde cada vez proliferan más las empresas con personal no cualificado ni habilitado profesionalmente para el desempeño de estas tareas”, subraya el coordinador territorial del sindicato en Ceuta, Juan Sergio Redondo. De igual modo, señala, “no sólo exigimos que se ponga fin a la tendencia al intrusismo fomentada incluso por parte de la administración pública”, sino que también exista “un mayor respaldo” a los vigilantes de seguridad.

Como ejemplo, Redondo habla de los centros de menores donde se encuentra los MENA. “Se les debe amparar política y jurídicamente en el ejercicio de su labor de protección y seguridad de los menores, así como del personal que trabaja en los centros”, advierte el responsable de Solidaridad.

El pasado mes de junio, el sindicato denunció un caso similar en Andalucía. Solidaridad se presentó como denunciante en defensa de los intereses de los profesionales de la seguridad privada y acusó al Ayuntamiento de Málaga de un supuesto delito de intrusismo. Una intervención que desde Solidaridad Ceuta se está valorando llevar a cabo también en el caso de los centros de menores. En Málaga, estaban utilizando al personal de Protección Civil para labores propias de la seguridad privada, sin tener la formación ni la capacitación necesaria para esas funciones y tratarse, por lo tanto, de personal no habilitado, y así lo subraya el sindicato.