CCOO ha interpuesto ante la Dirección General de la Policía una denuncia contra la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Fundación SAMU por los siguientes hechos, según ha explicado en un comunicado: "Que la Ciudad Autónoma de Ceuta gestiona los centros y albergues de acogida de menores ubicados en Ceuta, tales como los de Pinniers, La Esperanza II y Santa Amelia, donde antes se prestaban servicios de seguridad privada, mediante vigilantes de seguridad, habilitados por el Ministerio del Interior y encuadrados dentro de empresas de Seguridad homologadas por el mismo Ministerio".

"Que la Ciudad Autónoma de Ceuta, rescindió los trabajos de las empresas de Seguridad, para encomendar las funciones propias de los vigilantes de seguridad a la Fundación SAMU, y que dichos servicios los presta mediante personal que carece de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para prestar servicios de Seguridad Privada, como marca la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada".

"Que SAMU ofertaba estás plazas en redes sociales y páginas de búsqueda de empleo como auxiliares de control con las siguientes funciones a desempeñar: Establecer el control de los accesos, recinto, perímetro y llevas. Controlar la circulación de los menores, auxiliando a los educadores en la prevención de infracciones de las normas de los centros de acogida de menores. Establecer el orden, urbanidad y correcto comportamiento con los medios materiales de las instalaciones. Siendo estas funciones propias de los vigilantes de seguridad según lo establecido en la Ley de Seguridad y en su Reglamente que la desarrolla".

"Que tanto la empresa como la Ciudad Autónoma son conscientes del incumplimiento de la ley de Seguridad Privada por lo que estos hechos son gravísimos ya que puede suponer un grave riesgo para los trabajadores y trabajadoras del centro de menores, así como a los propios usuarios".

Comisiones Obreras entiende que esta denuncia ha hecho entrar en razón a la Ciudad Autónoma, quien anuncia que rescinde los servicios de SAMU para prestar servicio de vigilancia en los centros de menores. Es por ello que esta organización sindical urge a la Administración a que saque a la mayor brevedad posible el "concurso público para adjudicar el servicio de vigilancia de seguridad privada", y que la empresa adjudicataria tenga todas las homologaciones requeridas por la legislación en materia de seguridad privada, así como que sus trabajadores dispongan del título profesional de vigilante de seguridad expedido por el Ministerio del Interior.