Hace unos días les hablaba del Estado de Derecho. Hoy le voy a dar la murga con el sistema ideado por los partidos políticos para subvertirlo.

En 1982, con la mayoría más absoluta que hasta ese momento habían conocido nuestra incipientes Cortes Generales, Felipe González llegó al poder. Su victoria fue tan contundente, el apoyo popular tan grande, que debió de pensar que se perpetuaría en él. De ahí que diseñara un Estado a su medida, sin pensar en el legado que a su marcha transferiría a otros gobiernos de otros partidos. —Algo que él nunca ponderó—.

En el sistema parlamentario diseñado por nuestra Constitución, —de eso no tiene la culpa González—, se le da todo el poder a las Cortes, sin embargo, hay una trampa mortal para la democracia en ello: desde la cúpula del partido se le propone a la ciudadanía, mediante un sistema de listas cerradas, los candidatos a ocupar el Parlamento, una vez elegidos, son ellos los que eligen al gobierno, —que no será otro que esa cúpula que los propuso—, y automáticamente se subordina a él, su independencia desaparece en las brumas de los eslóganes de los líderes y la soberanía nacional queda invalidada.

En esta situación el gobierno se vuelve totalitario, pues controla al legislativo a su antojo. Pero González, no contento con la situación, pensando que, durante los cien años de honradez prometidos, su partido, el PSOE, se mantendría en la Moncloa; metió la mano en el Poder Judicial disfrazando la intervención de este con una medida aparentemente democrática, perfectamente oculta tras la demagogia y el engaño: si la soberanía nacional reside en las Cortes, estas son las que deben elegir a los vocales del gobierno de los jueces.

La Constitución solo preveía ese método para ocho de los veinte vocales, los otros doce debían ser elegidos directamente por los jueces y magistrados, sin embargo, el ex presidente le dio la vuelta, sin llegar a contradecirla, con el subterfugio democrático de que una vez elegidos por los togados fueran ratificados en las Cortes; el pueblo asintió, su mayoría en el Congreso y en el Senado —ambos estamentos ya estaban controlados por él— aprobaron la ley y durante los catorce años que duró su gobierno compuso y descompuso el CGPJ a su antojo, no necesitaba a AP (Alianza Popular (hoy PP) para nada, además de que en ese momento era la tercera o cuarta fuerza política —ahora no lo recuerdo bien—)

En aquellos años el PSOE era el único partido con peso específico para decir a los españoles; qué era o qué no, democrático. Y así murió la aventura democrática en España. Ninguno de los gobiernos que vino después cambió nada, ¿para qué? El sistema estaba perfectamente diseñado para ejercer el autoritarismo desde un sistema aparentemente democrático. Lo único que había que hacer era alumbrar al pueblo cada cuatro años con el foco de la democracia, permitidle votar, y aquí paz y después la gloria de gobernar de forma autoritaria durante cuatro años más. Verdaderamente se podría tildar al sistema de segundo período del turnismo, el primero se dio durante la restauración borbónica.

Aquellos polvos han traído estos lodos. Han surgido más partidos que han sabido grajearse la voluntad de buena parte del pueblo y ahora controlar las Cortes es más difícil, ¿y qué solución han elegido nuestros próceres? —y de esta no se salva ninguno—; comprar la voluntad de los diputados separatistas a base de transferencia parlamentarias a su autonomías, esa arma cargada que los padres de la Constitución pusieron en manos de las Cortes a través del art. 150. 2.º2º «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

Evidentemente con las Cortes en manos del gobierno, por el método que ya he explicado antes, es este el que dirige las transferencias. —Y ya saben lo que dice el refranero respecto a las armas: que las carga el diablo y las disparan los gilipollas—. Poco a poco, gobierno tras gobierno, el Estado ha ido desapareciendo bajo la sombra del monstruo autonómico hasta el punto de no ser ni un país unitario ni una federación ni nada por el estilo, —una casa de putas sin amo, vamos—.

Lo que está ocurriendo con la renovación de los vocales del CGPJ es otro reflejo de lo dicho: el gobierno no tiene el poder suficiente sobre las Cortes para conformar la mayoría de 3/5 que la ley de González exige, y le echa la culpa a la oposición por no subordinarse a su voluntad y esta a su vez, al gobierno. Mientras, la mitad de los ciudadanos se alinean con un partido y la otra mitad con el otro, cuando el error está en el origen.

Esos doce vocales deben ser elegidos por los jueces tal y como dice la Constitución y no tienen por qué ser ratificados por las Cortes mientras estas sigan manipuladas por el gobierno. Solución: El pueblo debe elegir al gobierno directamente y dos años después al Parlamento, donde la mitad de los diputados y senadores debería ser elegidos entre personas sin afinidad política, libres e independientes; y la otra pertenecientes a los partidos políticos en listas abiertas.