La Junta de Andalucía ha protagonizado en estos últimos días dos noticias destacables.

La primera ha sido portada de ABC (2 agosto): Andalucía le ha dado el “sorpasso” económico a Cataluña. Presto, sin capa visible, pero con gesto de superhéroe, ha acudido a los medios el mismísimo vicepresidente de la Junta, anotándose el éxito: en Andalucia se están haciendo las cosas bien.

La segunda es la constatación, a través de sendas auditorias, de que el denominado “sector público instrumental andaluz” es un agujero sin fondo, de dudosa utilidad, y de difícil control económico.

Bueno, esto es algo que se sabía sin necesidad de gastarse más de un millón de euros en la contratación de auditorias a través de empresas externas. Por lo menos, todos los andaluces lo sabían. Incluso aquellos que se benefician de ello. Con la excepción de los que gobiernan la Junta, quienes o bien algo sospechaban (y por eso contrataron las auditorias) o bien se han sorprendido con el resultado del estudio. En este último caso, debían hacérselo mirar.

Hay una tercera opción, y es que los que adquirieron el compromiso de liquidar el monstruoso e innecesario sistema de “administración paralela” cuando se hicieron cargo de la Junta en aquel lejano Enero de 2019, tenían miedo de acometer la necesaria liquidación del sistema por si se les rebotaban en la izquierda, y han preferido mantenerlo hasta que no quepa ninguna duda de que la organización basada en múltiples agencias constituye un innecesario abuso y una sobrecarga excesiva en el gasto público.

Pensando un poco en el por qué se generó en su día un monstruo de estas características, a parte de la tantas veces invocada “paz social” que constituyó la razón del expolio sistemático del contribuyente que -según las sentencias de los casos ERE – realizaron los diversos gobiernos del PSOE en Andalucía, llego a la conclusión de que hay una falta absoluta de confianza en el trabajo del funcionario. Falta de confianza que todavía mantiene la clase política andaluza actual. El funcionariado lo sabe, y lo acusa. Se prefiere gastar dinero público en contratar a una empresa que le diga al funcionario cómo debe trabajar en lugar de escuchar al trabajador e implementar las soluciones que propone.

En todo caso la noticia no es para sacar pecho y anotar un éxito. Desde mi punto de vista, haber sido audaz y haber acometido la reforma ( que todavía no se ha hecho y tendrá que esperar) en los días siguientes a la toma de posesión lo habría justificado. Y no esperar más de dos años. Porque mientras, esa falta de redaños la estamos pagando los contribuyentes. Con un poco de suerte, para las próximas elecciones nos  volverán a vender como éxito una reforma que no se habrá finalizado y que todavía nos costará dinero de nuestros impuestos.

Volviendo al éxito que supone haber creado algunas (muy pocas) empresas más que Cataluña casi dice más de lo nefasto que está resultando el procés, que de lo bien que se está gestionando Andalucía.

Que yo recuerde, ya son tres los decretos de simplificación administrativa que ha emitido la Junta actual. El primero salió de pena. El segundo no parece haber servido para nada. Espero que el tercero sea el último y realmente simplifique los procedimientos, los acelere y recorte los plazos.

A lo mejor habría que preguntarle al sector de la Energía qué es lo que piensa de la gestión   del Gobierno autonómico. Y a lo mejor nos enteramos de por qué algunas inversiones multimillonarias se han ido a regiones menos cálidas, en las que se ponen menos trabas administrativas.

Volviendo al despegue de la economía, no puedo evitar fijarme en Italia. Como todos sabemos, Italia es el paradigma de la inestabilidad política y ha habido épocas en las que los gobiernos se sucedían con pocos días. Lo que no ha impedido que el país continúe siendo una potencia económica. Los italianos han sabido sobreponerse a la situación y han aprendido algo muy importante: la economía no puede depender del gobierno de turno. Y la clase política también ha aprendido que debe intervenir lo menos posible.

Claro que una menor intervención politica hace innecesaria una estructura administrativa demasiado grande, lo cual justificaría que desaparezca el sector instrumental y permitiría mantener un funcionariado reducido en número, como está pasando ahora. Pero mantener los niveles de intervención gubernamental con las plantillas actuales nos lleva a crear monstruos. Por eso la actual Administración autonómica no ha puesto mucho interés en reducir las múltiples agencias que tiene Andalucía.

Decididamente, Andalucía es una region muy rica, porque a pesar del expolio sistemático al que ha sido sometida y a la enorme burocracia, todavía sigue creciendo en número de empresas y en el número de trabajadores autonomos. Pero esto no nos autoriza a sacar pecho al compararnos con la moribunda economía catalana, que se mantiene en parte viva gracias a las continuas inyecciones del Gobierno central.

Es magnífico que el vicepresidente de turno corra a hacer declaraciones triunfalistas comparándose con una economía en cuidados intensivos . Pero sinceramente, el éxito sería que la economía de Andalucía se aproximara a la madrileña o a la vasca.

Por mi parte, visto lo visto, ojalá pase como con Italia, que la Administración intervenga lo mínimo y efectivamente Andalucía se consolide como el motor económico de España.