Un 45 % de la población de Ceuta se encuentra en riesgo de exclusión social, según ha explicado la diputada socialista Cristina Pérez, en base al informe de AROPE. Con esta cifra ha realizado la interpelación al Gobierno para que este diera cuenta a diversas cuestiones sobre transmisión intergeneracional de la pobreza.

El portavoz del ejecutivo local, Carlos Rontomé, ha explicado que “aunque nunca sea suficiente”, existen numerosos recursos para hacer frente a esta situación, y que pese a ser responsabilidad del Gobierno de la nación, la Ciudad está trabajando para paliar esta situación. Es por ello que la pretensión es integrar a 115 personas de colectivos en riesgo de exclusión social en los próximos planes de empleo de la Ciudad y de la Delegación.

Pérez ha considerado sin embargo que entonces el problema no estaría en la falta de recursos, sino “en la gestión de estos recursos”. “Desde la Ciudad seguiremos apoyando a las familias y a los colectivos en vulnerabilidad”, ha defendido Rontomé, quien también ha dado cuenta de dos próximos acuerdos con el Alto Comisionado y la Obra Social La Caixa para el desarrollo de programas sociales. “Vamos a implantar el programa Caixa por la infancia, que atenderá a las familias que más lo necesiten”, ha adelantado Rontomé.

Ayudas al Alquiler

Otra interpelación relativa a ayudas sociales ha sido la presentada por Fátima Hamed, portavoz del Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, acerca de la situación en que se encuentra la tramitación de las ayudas al Alquiler General del ejercicio 2021. El consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, ha explicado el por qué de algunos retrasos producidos pero ha asegurado que algunas de las ayudas ya están tramitadas y se espera poder proceder a sus pagos este mismo agosto.

Dicho consejero también ha sido el encargado de responder a una interpelación de Caballas relativa a explicar el por qué no se inician las obras del Centro Cívico del Príncipe. Ramírez ha respondido a Mohamed Alí que la voluntad del ejecutivo es que la barriada cuente con esta infraestructura antes de que finalice la legislatura. “El objetivo es licitar la redacción de ese proyecto de ejecución para estimar el importe y continuar con el expediente, si no puede ser con el Fondo Europeo, la Ciudad destinará los recursos necesarios para poder cumplir con ese compromiso adquirido en la asamblea”, ha explicado el consejero.