Estimados lectores, un día más me siento ante el teclado para hablarles de la actualidad. Les prometo que hoy quería hablarles del principio del verano, del buen estado de ánimo que se percibe en la sociedad, de que la pandemia, que a pesar de que nuestra juventud se ha empeñado en revertir el buen camino que había cogido, parece que vamos paliando… Quizá les hubiera hablado del gobierno de Mallorca y de la reclusión a la que ha sometido a jóvenes sanos sin venir a cuento, le hubiera preguntado como estaría el patio si en lugar de suceder en Baleares, donde el gobierno es del PSOE, hubiera sucedido en Madrid con Ayuso al frente de la comunidad.

Les prometo que ni siquiera de la pensiones ni de las contradicciones del ministro pensaba a hablarles, tampoco de la promesa de Pedro Sánchez de realizar un referéndum en octubre. —Ya estoy oyendo las algaradas de los machacas del gobierno, diciendo que Pedro Sánchez ha prometido encarecidamente que no lo habrá—. Pues eso… Si el presidente del Gobierno ha prometido muy solemnemente que no las habrá es porque piensa convocarlas este próximo otoño, ¿o es que a estas alturas no saben que es un mentirosos compulsivo con la cara como el cemento que hace todo lo contrario a lo que promete?

Claro que lo camuflará, pero solo sus ciegos votantes lo creerán. ¿Recuerdan aquel rey que salió desnudo a las calles de su ciudad haciéndoles creer a todos que iba vestido con sus mejores galas? Pues en eso es en lo que se han convertido los votantes del PSOE, en obnubiladas máquinas de votar y creer lo que su dios le diga.

Pero ni siquiera eso es lo que me ha despistado de mi propósito, para nada. Lo que verdaderamente me ha soliviantado por enésima vez de este inefable presidente de gobierno que, para desgracia de todos y por mor de los obsesos que se lo perdonan todo, acabará con nuestra democracia, ha sido su ataque a otra de las instituciones básicas del Estado; el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del Sector público al que, además, corresponde el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. O sea, una institución vinculada al Poder Legislativo, que depende directamente de las Cortes Generales —lugar donde reside nuestra soberanía como nación— y que, no obstante, es completamente independiente. ¿Por qué? Porque su misión principal, el motivo por el que fue creada por la nación española, —véase el artículo 136 de la Constitución Española de 1978. Esa que tanto perturba al carácter dictador de nuestra izquierda y a sus socios golpistas y terroristas— es vigilar que nuestros gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, hagan el uso correcto de los presupuestos aprobados por el Congreso y no desvíen el dinero hacia otras cosas; y mucho menos si son tan ilegales como el separatismo y sus intenciones.

Resulta, que como la resolución de este organismo constitucional obliga a los golpistas a devolver el dinero que gastaron en sus delitos, nuestro nefasto presidente quiere sustituirlo, aun estando en vigor sus nombramientos, para que el nuevo prevarique a gusto suyo y de los terroristas, y les perdone la devolución de un dinero que es de todos; aunque la vicepresidenta del gobierno se pregunte públicamente «de quién es».

Pues eso, señora, es de todos; y su misión, y la de cualquier otro gobierno, es la de emplearlo en aquellos objetivos para los que se nos exigió su pago. Y de no ser así, ese Tribunal independiente en el que ustedes quieren meter mano ahora, debe intervenir en nombre de la Soberanía Nacional, avalado por la autoridad que esta le impele.

Esta y no otra es nuestra desgracia, la causa por la que el que suscribe, en lugar de estar disfrutando de la playa, se sienta a escribir para contribuir a la noble obligación de todos los que nos dedicamos a este noble ejercicio de escribir, de dejar por escrito nuestra denuncia para la posterioridad.