Desde Hispania 1188 queremos contribuir a orientar a los ceutíes sobre la exigencia a las formaciones políticas de una estrategia de futuro, que cambie el rumbo que nos conduce inexorablemente hacia Marruecos orientándolo hacia España y Europa. En otras palabras, a hacer que nuestro devenir dependa de nuestra voluntad y no de la del otro lado de la frontera. Para ello, hay que demandar cinco puntos básicos:

1. Desaparición de la excepción al Tratado de Schengen, en virtud de la cual los residentes en la provincia de Tetuán pueden acceder a Ceuta sin visado. La consecuencia de esta excepción, pensada para el mantener el “pequeño tráfico fronterizo”, ha sido el crecimiento exponencial de la población de la provincia de Tetuán y el descontrol de la frontera del Tarajal por la que, antes del cierre por el Covid, no se sabía quién entraba, quién salía, ni quién se quedaba. El verdadero control fronterizo se situó en puerto y helipuerto, de manera obligada para respetar Schengen, ya que de lo contrario los que entraban en Ceuta sin visado podían ir a cualquier lugar de la Unión Europea, convirtiendo así el territorio de Ceuta en una especie de “tierra de nadie” que facilitaba los asentamientos ilegales. También sirvió para estimular el eufemísticamente denominado “comercio atípico”, vulgo contrabando (RAE: introducción o exportación de géneros sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente), con el que se algunos se han hecho ricos, con muy poca creación de empleo, mediante la explotación de los llamados “porteadores”, y creando continuas situaciones de descontrol, avalanchas y colapsos que teníamos que sufrir los ceutíes y las fuerzas y cuerpos de seguridad para beneficio de unos pocos y en detrimento de nuestra imagen nacional e internacional. La desaparición de Schengen no implica que, si se reabre la frontera, los marroquíes no puedan acceder a Ceuta, sino que deberán contar con el visado de entrada a la Unión Europea, como en cualquier otra frontera exterior. De igual manera, los ceutíes, como ciudadanos de la Unión Europea, pueden entrar y salir libremente por la misma. Es decir, el control pasaría a nuestras manos.

2. Integración en la Unión Aduanera; el mantenimiento de nuestra situación de “territorio tercero” a efectos aduaneros no implica hoy día otra ventaja que no sea la del mantenimiento de nuestro régimen económico y fiscal especial. La progresiva liberalización del comercio mundial (indisociable de la globalización) y la reducción de aranceles hace poco útil la condición de “puerto franco”; además, las antiguas importaciones de extremo oriente van quedado hoy día reducidas a lo testimonial, siendo el grueso de las mismas provenientes de la Unión Europea. La integración en la Unión Aduanera significaría sin duda un gran respaldo desde el punto de vista institucional a nuestra condición europea, y junto a la mencionada desaparición de la excepción Schengen supondría la eliminación de los controles aduaneros y policiales en las conexiones marítimas y aéreas entre Ceuta y la Península, con el indudable impacto positivo, tanto desde el punto de vista psicológico como en calidad de vida, sobre los ceutíes. Y si Marruecos no quiere que la frontera del Tarajal sea también comercial, se lo va a tener que negar a la Unión Europea, no a España

3. Mantenimiento de nuestro REF. Este punto está vinculado ineludiblemente al anterior, ya que la integración en la Unión Aduanera sin el mantenimiento de nuestro REF significaría que Ceuta perdería su atractivo, tanto para las personas como para las empresas que deciden desarrollar sus proyectos vitales y económicos en Ceuta al amparo de las ventajas que el mismo proporciona. Por tanto, utilizando el indiscutible argumento de que la de Ceuta es, junto a la de Melilla, la única frontera terrestre de la Unión Europea en África, se justifica sobradamente un tratamiento singular (al igual que existe para otras zonas, como las regiones ultraperiféricas). De esta forma, la entrada en la Unión Aduanera debe llevar aparejada, de forma negociada con la Unión Europea, la aprobación de una Ley de Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta que consolide y mejore nuestro tratamiento diferenciado. Ceuta va a seguir siendo un territorio pequeño, densamente poblado, separado físicamente del resto del territorio europeo, y sometido a las presiones de un vecino del que le separa un abismo jurídico y económico, por lo que para favorecer su desarrollo económico y social va a seguir siendo necesario contar con factores de atracción y el apoyo de las administraciones española y europea. Y, por supuesto, garantizando que las ventajas fiscales, salariales o en el transporte sean aplicables exclusivamente a residentes reales en nuestra ciudad, que vivan, gasten y consuman aquí, para evitar la “exportación” de renta a territorios cercanos.

4. Tras décadas de vigencia del actual Estatuto de Autonomía, la experiencia, si bien parcialmente satisfactoria a efectos de representatividad (Conferencia de Presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera, Conferencias Sectoriales, Fondos Europeos, …), no es positiva en cuanto al estatus. Más de 25 años después de la aprobación del Estatuto, seguimos sin saber si somos “carne o pescado”, si somos Autonomía o Ayuntamiento, mientras que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se decanta por considerarnos meramente lo segundo. Sin duda, la razón no confesada por la que se decidió no darnos el rango de Comunidad Autónoma, como plantea la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Española, fue evitar conflictos con Marruecos. Pero como decíamos al principio, llegados a este extremo, ya no hay nada que perder, así que utilicemos la madera y los aparejos del actual Estatuto y de la DT 5ª para construir el “fuerte” de la Comunidad Autónoma de Ceuta, un lugar de seguridad jurídica desde el que construir nuestro futuro español y europeo al margen de las infundadas intenciones o apetencias de Marruecos.

5. Por último, sin que esto implique menosprecio por nuestra ciudad hermana, esta guía de actuación debe ser independiente de las decisiones que allí se adopten. No hay ninguna regla escrita, ni se deriva de la Constitución precepto alguno, que diga que el estatus jurídico de ambas