Los violentos sucesos ocurridos el pasado 24 de mayo con ocasión de la visita a Ceuta del líder de Vox, Santiago Abascal, tienen varios componentes y ninguno bueno para la democracia con un único responsable: la Delegación del Gobierno de Ceuta.

 

 

De un lado, la prohibición general de concentraciones dictada por la mencionada institución de Plaza de los Reyes, en su intento de poner sordina al discurso de la primera fuerza política de Ceuta en las Generales, sirvió de coartada para, bajo el ya manido señuelo de la convivencia, camuflar con aparente disimulo de enfrentamientos, lo que finalmente resultó todo lo contrario con la permisividad y complicidad de una institución pública, como Delegación del Gobierno que debería ser neutral en el conflicto político, justa en sus decisiones y rigurosa en la aplicación de sus propias normas de obligado cumplimiento.  

 

 

Y hete aquí que Salvadora Mateos como máxima responsable de unos disturbios que se originaron por su permisividad hacia las conductas violentas -ejecutada por su valedor en la Jefatura Superior de Policía, cometió presunta prevaricación por no ser tajante y evitar (conforme a su orden) la concentración ante el Parador Hotel La Muralla. Debió disolverla y prever que los energúmenos allí concentrados, fuera de sí y mostrando la viva imagen del odio, profirieran insultos y agresividad escudados "por la convivencia de Ceuta". Un mantra que hasta el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas ha hecho propio con una desfachatez y sarcasmo que bien ha de pagar su partido a nivel electoral.

 

 

Los concentrados ante el hotel donde se alojaba Santiago Abascal eran beneficiarios de chiringuitos regados con dinero público. Allí había un excargo público de Juan Vivas por partida doble (en épocas pasadas) al que buen dinero público le aporta toidavía, beneficiado con colocaciones familiares por la puerta de atrás en la Administración local con la permisividad del melifluo y cada vez más desautorizado en sus pronunciamientos, Juan Vivas. Personaje de sainete de los hermanos Álvarez Quintero.

 

 

En esta ciudad de mafiosos, lobbies, narcotraficantes, menores que incendian coches y contenedores en noches de Estado de Alarma, se organiza una revuelta contra un líder nacional de una formación política (la primera de Ceuta en las elecciones generales, lo que no significa mucho para esos que se dicen demócratas y no reconocen el respaldo electoral de miles de ceutíes), vulnerando un derecho constitucional recogido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna de garantizar la libertad ideológica y de pensamiento. Y precisamente, el orden público es lo que no preservó el lunes 24 de mayo la Delegación del Gobierno, porque cuando se convocó por redes sociales la concentración para provocar altercados, la autoridad gubernativa debió dar orden a la Unidad de Delitos Tecnológicos que identificara a sus promotores de cara a las consecuencias posteriores que pudieran derivarse y ante posibles responsabilidades legales. Y no se hizo.

 

 

Tampoco se disolvió a los concentrados y, para colmo, menos aún se les identificó con el DNI a los allí proliferando odio y provocación para acreditar la españolidad de la que presumían. A posteriori, las cargas policiales justificadas por el intento de los saboteadores de irrumpir en el hotel con intenciones de grupo salvaje descontrolado, dispuesto a invadir por la fuerza todo lo que encontrara a su paso. Y llama la atención que esta gente, que no representan a la sociedad ceutí, mucho más cabal, sosegada, coherente y pacífica, sean muchos más que los que se manifestaron alguna vez por la subida de los billetes de barco.

 

 

En una ciudad en la que me siento molesta con tanto narcotraficante, algún yihadista, muchísimo interesado en las subvenciones pública y no pocos manipuladores, asumo una realidad social con la que hay que convivir pero que ni comparto, ni sopoto ni me relaciono y no por ello decidido romper mobiliario urbano, vehículos policiales, árboles o lanzo piedras contra la policía. En esta deriva de ciudad de las cuatro culturas, la fachada de la sinagoga viene siendo objetivo de quienes realizan pintadas mostrando su condición antisemita (alguien exculpara la conducta diciendo que son niños menores) al igual que cuando apedreaban al Medinaceli y al cortejo que le secundaba en El Príncipe o Puente del Quemadero o, más recientemente, el destrozo al altar en el Puente del Cristo. Después vemos la piadosa imagen de una musulmana limpiando los destrozos pero el mal ya estaba hecho. Al igual que la conmovedora imagen de solidaridad de la chica de Cruz Roja con el inmigrante o el guardia civil salvando de morir ahogado a un bebé lanzado al agua. Todas imágenes difundidas hasta la saciedad para distraer la atención sobre el verdadero fondo del problema: el comportamiento sátrapa de Marruecos, la Voxfobia de quienes chupan dinero público con trompa de elefante y los salvajes protagonistas de los disturbios, no por defender la convivencia, sino por defender su dinero vía subvenciones y concesiones de todo tipo.

 

 

No se explica la hipocresía de ese empresario que dice regalar mil bocadillos a los inmigrantes cuando se está llevando todas las adjudicaciones millonarias de la ciudad de todos los colores y es benefiaciario de pingües ganancias con dinero público. Una hipocresía más...por la convivencia o conveniencia de su bosillo que suena parecido pero no es igual.

 

 

Menos proclamas de defensa de la convivencia y menos disfraces que no estamos en carnaval ni esto es el programa de Antena 3 "Mask Singer". Aquí no hay que adivinar quién está detrás de la máscara porque nos conocemos todos y se sabe cada uno de qué va. Y los que provocaron desórdenes públicos el pasado 24 de mayo, no defendían la convivencia. Defendían su bolsillo.