Inmigración / Menores
Belarra alcanza un acuerdo con las CCAA para acoger a 200 menores que han migrado solos a Ceuta
El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado el reparto de un crédito extraordinario de 5 millones para financiarlo, del que Ceuta recibirá 500.000 euros para la atención de las obligaciones derivadas de traslados y acompañamiento socioeducativo

El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para acoger en la península a 200 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta, dando respuesta así "a la crisis migratoria que atraviesa el país". La ministra Ione Belarra ha destacado que con este acuerdo las CCAA “están demostrando una altura política y una enorme responsabilidad para afrontar una crisis humanitaria que no tiene precedentes”. También ha explicado que desde el Gobierno de España “hemos estado concentradas desde el primer momento para tratar de dar una solución de acuerdo a los derechos humanos, de los derechos de los niños y niñas. En eso hemos estado trabajando y me alegra poder comunicarles este acuerdo que va a permitir que casi 200 menores sean acogidos”.
El plan impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 permitirá acoger a menores que ya están asentados en centros de Ceuta, de tal forma que se pueda atender “de forma más adecuada” a los recién llegados. Sin embargo, dadas sus capacidades actuales, La Rioja acogerá únicamente a 5 de los 17 menores que le corresponden de acuerdo a los criterios utilizados. Los restantes 12 menores los asumirá solidariamente -en un esfuerzo adicional- la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el plan ha definido unos criterios de acogida solidaria que también han sido aprobados. El criterio de partida es el de la población de cada comunidad, que es ponderado para atender a otras dos circunstancias: Por un lado, la situación económica y la tasa de paro, de forma que aquellas comunidades con mejor situación económica y laboral reciben un porcentaje mayor.
Por otro lado, se tiene en cuenta el esfuerzo que actualmente está haciendo cada comunidad en la acogida de estos niños, niñas y adolescentes, en relación con su población, incluyendo la oferta solidaria que ya han realizado para acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. Aquellas que actualmente tienen acogidos menos menores en proporción a su población reciben más niños ahora: el 25 % de las plazas se han repartido en proporción a la población total de cada CCAA. Otro 25 % en función de la mejor situación económica y laboral (12,5% renta per cápita, 12,5% tasa de paro).
Para el 50 % restante se ha tenido en cuenta a las comunidades que en el segundo semestre de 2020 tenían acogidos menos menores migrantes no acompañados (en función a su población), añadiendo para este cálculo la oferta para acoger menores de Canarias. Financiación extraordinaria El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará cinco millones de euros de su presupuesto, dotados mediante un crédito extraordinario aprobado hoy por el Consejo de Ministros, para contribuir a la financiación de estos traslados.
De esta cantidad, 500.000 euros corresponderán a la Ciudad Autónoma de Ceuta, para la atención de las necesarias obligaciones derivadas de los traslados y el acompañamiento socioeducativo de las personas menores de edad hasta sus nuevas residencias en la península, y el resto se distribuirá entre las Comunidades Autónomas en proporción al número de niños, niñas y adolescentes que acojan.
Belarra ha indicado que la situación que se está viviendo en Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, “ponen de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso” (criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención, cuando menos). El Observatorio de la Infancia ha trabajado en los últimos meses en un modelo compartido. Partiendo de estos trabajos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsará en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales un acuerdo con todas las administraciones implicadas que pueda presentarse al Consejo Territorial en el plazo de dos meses para su discusión y, si procede, aprobación.
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