CSIF y CCOO vuelven a lamentar que en su visita a Ceuta la directora del INGESA no se reuniera con ellos. Una visita de la que se enteraron por las notas de prensa, vía por la cual también tuvieron conocimiento de que la directora se reunió con la delegada del Gobierno, el director Territorial del Ingesa, y el consejero de Sanidad. "Muy posiblemente el desarrollo protocolario del evento le dejó poco tiempo libre para poder reunirse con los representantes de los trabajadores del INGESA en Ceuta, que sin duda le hubieran ampliado la información que deseaba obtener. Nos hubiera complacido poder trasladarle, desde nuestra perspectiva sindical cuales son las carencias de nuestro sistema sanitario", han explicado ambos sindicatos.

Una reunión en la que también habrían trasladado a la directora la petición de cese del director territorial del Ingesa, recordándole que "el director territorial y su equipo directivo se han administrado la vacuna sin antes haber completado la vacunación de todo el personal sanitario y en el ámbito sanitario de primera línea". "Aspectos de la vacunación frente al COVID del Director Territorial del INGESA en Ceuta, circunstancia confirmada mediante escrito de la Gerencia de fecha 3 de febrero de 2021, escrito que intentaba justificar lo injustificable, nos remitidos a los documentos previos remitidos que ya están a su disposición en tanto nueva directora del INGESA, por lo que no ahondaremos más en este punto salvo lo detallado en los puntos inferiores", recuerdan CCOO y CSIF.

Ambos sindicatos añaden además los siguientes puntos:

• El Director Territorial (usando espuriamente la ley de protección de datos) está jugando al gato y al ratón con una información tan sensible como son los datos concretos de vacunación. Con el único motivo de su protección personal ha eliminado la transparencia que debía incardinar el proceso de vacunación de principio a fin. 
• El Director Territorial ha ordenado o permitido un sistema de llamamientos carente de controles que garanticen la correcta implementación del plan de vacunación y faciliten su fiscalización.
• Cada vacuna administrada inadecuadamente a cargo directivo o afín, ha sido detraída del trabajador al que le correspondía, poniéndolo en riesgo innecesario frente al COVID todo el tiempo transcurrido hasta su vacunación efectiva (en algunos casos todavía no llevada a cabo).
• Se ha incumplido sistemáticamente tanto el deber de adecuada notificación, como de publicación de la información concreta del Plan de Vacunación del INGESA en Ceuta (si es que este plan ha existido o existe, situación que desconocemos a fecha actual). Se han conculcado “los derechos de información, consulta y participación”, que “forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, según queda reflejado en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales., y no sólo por la ausencia de información facilitada, sino por la reticencia persistente a proporcionar dicha información a pesar de ser solicitada por los representantes de los trabajadores.
• Se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en tanto se ha incumplido, por parte del máximo responsable de esta Administración Pública en Ceuta, el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
• El daño al prestigio de nuestra institución y la alarma social generada ha llevado a un debate político que ha concluido en una denuncia y la apertura de diligencias por parte de la fiscalía, y a pesar de estar siendo objeto de investigación por el Ministerio Fiscal, el Director Territorial mantiene su cargo político de libre designación, y “de confianza”.
• La indignación entre los trabajadores (muy especialmente entre los aún no vacunados) es palpable como en pocas ocasiones estas organizaciones sindicales han podido comprobar.

Aspectos por los que reiteran la necesidad de cesar a Jesús Lopera. "No puede continuar en un cargo de responsabilidad quien ha demostrado guiarse por intereses personales, los ha antepuesto a sus deberes de protección de la salud de sus trabajadores, y ha optado por sacrificar la transparencia del proceso con el objetivo de intentar acallar el escándalo público. Ni el INGESA ni sus trabajadores merecen estar a las órdenes de quien ha mostrado tan bajo nivel de ética pública. Nuestra sociedad (y los cánones establecidos por el partido en el Gobierno) demanda a los cargos con responsabilidad un mínimo de ejemplaridad. Lo decente, y lo que corresponde a un Servidor Público, hubiese sido la inmediata solicitud de dimisión por parte del propio Director Territorial (como han hecho no pocos responsables inmersos en idéntica situación). Al no producirse dicha dimisión no nos queda otra que exigir, de nuevo, su cese a la mayor brevedad posible", añaden los sindicatos.