CCOO y CSIF, en una nota de prensa conjunta, han asegurado que la Dirección Territorial del Ingesa, "tras una demora más allá de lo razonable", les ha confirmado "por escrito lo que toda la prensa local lleva semanas denunciando: el equipo directivo se ha vacunado frente al COVID".

Ante esta afirmación, ambos sindicatos consideran que el director territorial "ha quedado moralmente inhabilitado" y piden su cese "a la mayor brevedad posible". "No puede continuar en cargos de responsabilidad quien ha demostrado guiarse por intereses personales y ha optado por sacrificar la transparencia del proceso para intentar acallar el escándalo público", han denunciado los sindicatos, que agregan: "Ni el INGESA ni sus trabajadores merecen estar a las órdenes de quien ha mostrado tan bajo nivel ético. Nuestra sociedad (y los cánones establecidos por el partido en el gobierno) demanda a los cargos con responsabilidad un mínimo de ejemplaridad. Lo decente, a nuestro entender, hubiese sido la dimisión por parte del propio director territorial (como han hecho no pocos responsables inmersos en idéntica situación). Al no producirse dicha dimisión no nos queda otra que exigir su cese a la mayor brevedad posible".

"El director territorial y su equipo directivo se han administrado la vacuna sin antes haber completado la vacunación de todo el personal sanitario y en el ámbito sanitario de primera línea. Está jugando al gato y al ratón con una información tan sensible como son los datos concretos de vacunación. Con el único motivo de su protección personal ha tumbado la transparencia que debía incardinar el proceso de principio a fin", han añadido los sindicatos.

"Se ha incumplido sistemáticamente tanto el deber de adecuada notificación, como de publicación de la información concreta del Plan de Vacunación del INGESA en Ceuta. El director territorial ha ordenado o permitido un sistema de llamamientos carente de controles que garanticen la correcta implementación del plan de vacunación y faciliten su fiscalización", han agregado, recordando que cada vacuna administrada inadecuadamente a cargo directivo o afín "ha sido detraída del trabajador al que le correspondía, poniéndolo en riesgo innecesario frente al COVID todo el tiempo transcurrido hasta su vacunación efectiva". 

Además, el daño al prestigio de nuestra institución y la alarma social generada ha llevado a un debate político que ha concluido en una denuncia y la apertura de diligencias por parte de la fiscalía. "La indignación entre los trabajadores (muy especialmente entre los aún no vacunados) es palpable como en pocas ocasiones estas organizaciones sindicales han visto", continúan, añadiendo que esta situación demuestra que "el nivel de exigencia ético y estético" del director territorial "no están a la altura de la situación que vivimos".