Esta vez en Los Rosales a media tarde de Navidad y después en El Príncipe de madrugada provocaron la intervención del Servicios de Extinción de Incendios para sofocar las llamas de sendos contenedores.

En todo el año se han sumado más de 200 vehículos calcinados por la acción de vándalos, que bien podrían ser considerados como actos de terrorismo callejero. También contenedores, unos 160 en lo que llevamos del 2020. Ni en pandemia, ni ante el toque de queda.

De estos asuntos, que afectan a la seguridad ciudadana, la Delegación del Gobierno no se ha manifestado, ni se conocem avances de supuestas investigaciones que debe llevar el Cuerpo Nacional de Policía. NI se sabe si son útiles las cámaras dispersas por casi toda la ciudad, ni si están en uso. Y si lo están, tampoco se sabe si ya forma parte de la labor de control que el CNP hace desde sus instalaciones con este sistema de videovigilancia que ha pagado la Ciudad Autónoma y que diseñaron los expertos policiales de la sede de Canillas.

No hay más que el auge de las quemas intencionadas de material urbano, que provoca mermas económicas a la ciudadanía y a la empresa que ha de reponer contantemente contenedores. Trace ha elevado ya la voz, pero no lo hace la empresa como tal con todo su supuesto poder, sino los representantes de los trabajadores.

El hecho es que los 'terroristas callejeros' campas a sus anchas durante las noches y madrugadas en distintas zonas de la ciudad, sin que la acción policial haya tenido, que se sepa, resultados relevantes. Claro que en una ciudad como Ceuta y su magnífica extensión, con una población tan alta (no llega a la de un barrio de Madrid), a la Policía le cuesta.