Nuevo paso en el ‘Caso Emvicesa’, el cual puso a Ceuta en el punto de mira a nivel nacional cuando a principios del año 2017 fueron detenidos los miembros de la Comisión de Vivienda de Loma Colmenar: el líder de Caballas, Mohamed Alí; la entonces consejera de Educación, Rabea Mohamed; la entonces titular de Economía, Susana Román, y a la cabeza el gerente de la entidad y viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación de Edificios, Antonio López.

Ahora ha sido el Ministerio Fiscal el que se ha pronunciado. La Fiscalía de Ceuta acusa en total a 54 personas, por ocho delitos distintos. Además señala a López como autor de “construir, organizar y promover la organización criminal”, pidiendo para él 26 años de prisión, así como penas de cinco años de cárcel para los otros tres responsables.

El aspecto clave de esta petición para la Fiscalía es que considera que ha habido pertenencia a “organización criminal”. Así, señala que se articuló un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad, al margen del procedimiento legal, en el que los adjudicatarios serían terceras personas que previamente le habían satisfecho determinadas cantidades de dinero, que oscilaban entre los 6.000 y los 20.000 euros, sin valorar los requisitos necesarios para la adjudicación.

Petición de la Fiscalía

De este modo, se solicita para Antonio López por un lado, por delito continuado de prevaricación, un total de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por otro, seis años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros seis por el delito continuado de cohecho. Ocho años por pertenencia a la organización criminal, y seis más por blanqueo de capitales. En total, 26 años de cárcel.

Por su parte, para los otros tres acusados, la Fiscalía pide también diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, más cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal. A la presidenta de la Comisión se le añade el delito de falsedad de documentos con pena de prisión de seis años.

A este respecto, alí a través de su red en twitter, ha asegurado tener “confianza plena en la justicia y en la verdad”. “Ya ha quedado claro que ni compraba ni vendía casas, que no he cobrado nada ilegal nunca. Ni hay cohecho, ni hay tráfico de influencias ni hay malversación de fondos”.

El resto de detenidos

A los cinco detenidos que trabajaban en el departamento comercial de Emvicesa, la Fiscalía les pide la imposición de seis años de inhabilitación por prevaricación continuada; cuatro años por el de falsedad documental; otros cuatro por el de cohecho, y cinco más por el de organización criminal.

Por su parte, a los cinco investigados que actuaban como intermediaros y captadores de clientes se le imputan los delitos de colecho, con cinco años de prisión, y de pertenencia a la organización criminal, con cinco años de prisión.

Al entonces diputado de la Ciudad, y gerente del PP, Jesús María Gonzalez Barceló, la Fiscalía le pide dos años por tráfico de influencias. Existen otras 44 personas acusadas de realizar pagos ilegales, para las cuales se solicita tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros, más seis años de inhabilitación.

La inmobiliaria 'Time to Buy S.L.’ se señala como responsable civil de los delitos y solicita el embargo de inmuebles de Antonio López. El importe total que el acusado introdujo en el circuito financiero legal ocultada su procedencia fue cercano a los dos millones de euros (1.978.658 euros).