Como dije en mi anterior artículo, la excepción Schengen supone en la práctica el traslado de los controles al puerto y helipuerto, para evitar la inmigración irregular hacia el continente europeo, convirtiendo así el territorio de Ceuta en una singularidad definida por la inseguridad jurídica: no existe una zona norma legal que regule de forma clara y precisa cuáles son las consecuencias para los que acceden a, o se encuentran irregularmente en, nuestro territorio. Hay dos posibles casos: el de los marroquíes, y el de los nacionales del resto de países que necesitan visado para acceder a territorio Schengen.

En el caso de los marroquíes, sabemos que pueden entrar sin visado (Tetuán) o con visado múltiple exclusivo para Ceuta (resto del país), pero hasta ahí llegamos, pues ni siquiera está regulado con certeza cuánto tiempo pueden permanecer en nuestro territorio. Según la normativa Schengen los nacionales de terceros países pueden estar un máximo de 90 días en un periodo de 180; en el caso de la excepción Schengen en Ceuta no se previó nada, y tan sólo existe una circular de la policía de los años 90 que niega la pernoctación (tendrían que entrar y salir el mismo día), pero todos sabemos que esto es una quimera, por varias razones: por imposibilidad material de controlar una a una las personas que entran; porque se incumple el Reglamento Schengen al no sellar la entrada y la salida (obligación que persiste incluso en casos de flexibilización de los controles); porque la validez jurídica de una circular policial es, cuanto menos, discutible; porque la expulsión directa (sin un tedioso expediente administrativo) a Marruecos no tendría soporte jurídico; y porque, en última instancia, dependemos de la voluntad de Marruecos de aceptar a sus nacionales. Un ejemplo práctico, para que se me entienda: aunque todos hablamos de la imposibilidad de pernoctar, nuestros hoteles se llenan de clientes marroquíes que, si eso fuera cierto, no podrían dormir aquí. Y vuelvo a insistir: las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan normas claras de actuación: no pueden estar interpretando sobre la marcha.

En cuanto al resto de nacionales de países terceros, la laguna jurídica es igual de evidente. La única norma que da seguridad es la del rechazo en frontera: si alguien intenta acceder a Ceuta por un paso no habilitado, se le impide la entrada (y aún así, este soporte legal está continuamente cuestionado por el buenismo de las instituciones europeas, culpables de no detener la inmigración masiva y descontrolada que está desestabilizando a todo el continente). Pero una vez más, aparece el limbo jurídico: la excepción Schengen impide que pasen libremente a territorio continental, amontonándose en el CETI hasta que, por criterios discrecionales y nada transparentes, son enviados poco a poco a la península. Las autoridades españolas entran en pánico cada vez que se les insinúa la posibilidad de eliminar la excepción Schengen en el Tarajal, porque la consecuencia inmediata sería la libertad de movimientos por territorio europeo de quien acceda a Ceuta. Pero, primero, no se puede jugar con el futuro de nuestra ciudad por una cuestión de conveniencia; y, segundo, eso no tendría que ser así: una política seria de inmigración, a nivel europeo, debería llevar aparejado el internamiento de cualquier inmigrante irregular (esto de los CETI es un invento para Ceuta y Melilla derivado de la indeterminación jurídica, pues en el resto del territorio hay CIEs, centros de internamiento de inmigrantes), la resolución, en el plazo máximo de un mes, de su condición de asilado (no llegan ni al 1%) o, como es lo más probable, de inmigrante económico, y en este caso la repatriación inmediata a su país de origen. Y que nadie me diga que la Unión Europea no tiene fuerza suficiente como para obligar a los países de origen a aceptarlos. Sólo un mensaje de firmeza ante la inmigración irregular terminará con el drama de las muertes provocadas por los traficantes de personas. El buenismo jamás ha resuelto nada en la historia de la humanidad.