El jueves 6 de febrero de 2014, poco antes de las 8 de la mañana, la playa del Tarajal se convirtió en un negro escenario en el que murieron ahogadas 15 personas, inmigrantes subsaharianos que intentaban entrar en Ceuta. Lo hacían en el escenario de una avalancha en la que, según apuntaban entonces los medios, unas 400 personas estaban intentando acceder a España desde Marruecos. 

Los elementos antidisturbios utilizados para frenar el intento de entrada se convirtieron en los días posteriores en uno de los aspectos claves para realizar la investigación oficial entorno a las muertes. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, visitó Ceuta una semana después de la tragedia para apoyar a la Guardia Civil local. El entonces secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, pidió en ese momento que se efectuara una investigación con el objetivo de “aclarar los hechos" y determinar "el grado de coordinación entre España y Marruecos en la reacción al intento de entrada en territorio nacional del grupo de inmigrantes, la proporcionalidad de los medios de contención utilizados y el respeto a los derechos humanos”.

El entonces ministro de Interior compareció explicando que habían sido "unos 200" los inmigrantes que habían sido avistados desde el Centro de Operaciones, lo que había obligado a desplegaral Centro de Operaciones Complejas (COC), alertando este a las diferentes unidades operativas de la Guardia Civil, autoridades marroquíes, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local de Ceuta.

“Ante la llegada de los inmigrantes a la playa, la Guardia Civil delimitó un área con medios antidisturbios y, para frenar su avance, se lanzaron medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. (…) Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, con una distancia superior a 25 metros, y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas. (…) El lanzamiento de esos medios de dotación fue acorde a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, detallo el Ministerio del Interior en un comunicado oficial apenas una semana después. El resultado: 23 inmigrantes lograron llegar a Ceuta y sobrevivir. Otros 15 murieron.

La investigación se inició y 16 agentes de la Guardia Civil fueron investigados por estas muertes. La Justicia avaló la versión de los efectivos y varias ONG presentaron recursos. Ayer martes, la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha emitido un auto en el que desestima los recursos de apelación que fueron presentados por distintas ONG contra la decisión del Juzgado de Instrucción 6 el pasado 29 de octubre de archivar la causa contra 16 guardias civiles, según recoge el diario digital El Confidencial. 

La razón para desestimar, según recoge dicho medio, es que "no hay prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones".El auto recoge que la utilización de materiales antidisturbios fueron los "adecuados" y "proporcionales" a las circunstancias y que la actuación de los agentes tuvo "una finalidad disuasoria". El auto también recoge, según detalla el citado medio, que "los guardia civiles que estaban en el espigón o la playa no tenían obligación de socorrer a los nadadores".