La ciudad autónoma de Ceuta y las comunidades autónomas de Madrid y Canarias son por el momento las únicas autonomías españolas que aún no han decretado la obligatoriedad de llevar mascarillas. Incluso Melilla ha aprobado también ya esta medida que obliga al uso de la mascarilla no solo en espacios cerrados -donde sí es obligatoria también en Ceuta-, sino en espacios abiertos, independientemente de la distancia social con las personas. 

Ante esta situación, la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública) ha solicitado que sea suministrada "desde las instituciones públicas mediante la prescripción o la distribución que sea necesaria, sin que suponga detrimento en la economía personal o familiar para la población más vulnerable económicamente".

"La mascarilla, de acuerdo con la evidencia científica, tiene una función preventiva y, como tal, debe considerarse como producto de primera necesidad, al igual que lo es un medicamento o una vacuna", recuerda la FADSP, que añade: "Además, en el momento actual donde el 26 % de la población de España está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el gasto en las mascarillas generará más desigualdades".