"El personal del Convenio de inmigración lleva una media de diez años en situación irregular debido a nefasta gestión de los recursos humanos del Gobierno Vivas, no permitiéndoles a los empleados públicos de este colectivo, poder estabilizar su situación laboral", ha denunciado el sindicato CSIF, explicando que el Gobierno ha recurrido las sentencias del Convenio de Inmigración "poniendo en peligro las consolidaciones".

"Estos trabajadores han visto mermados, en algunos casos, sus posibilidades de avanzar en sus vidas personales y familiares siempre, al ser obligados por el Gobierno a firmar anualmente un nuevo contrato sin que ninguno de los años transcurridos hayan dejado de trabajar ni un solo día pero sufriendo, una incertidumbre que dificultaba tomar decisiones de gran calado en sus vidas", ha explicado CSIF.

"Por si fuera poco, como otra muestra de la incompetencia del Gobierno con el Presidente a la cabeza, la más que amplia mayoría de los servicios sociales de toda la administración local se basan fundamentalmente, en este personal, de forma que, si mañana no fueran despedidos, habría que cerrar una consejería tan importante como la de Asuntos Sociales, las UTS y los servicios sociales".

"Esta errónea decisión que ha asumido el Presidente Vivas además, pone en peligro todas las consolidaciones que tan ansiadas son por más de 300 trabajadores ya que, tras haber ganado la sentencia en el Juzgado de lo Social en Ceuta, tienen reconocidas toda la antigüedad necesaria para poder optar a plazas de consolidación y en caso de no valorarles adecuadamente, actuarán sin dudarlo, impugnando y demandando todo lo que sea necesario para intentar que respeten sus derechos a un trabajo estable y su antigüedad reconocida".

Desde CSIF por lo tanto tomarán "todas las medidas que sean necesarias" y en todas las instancias que sean necesarias para luchar "porque el Gobierno se retracte en este sin sentido que no beneficia ni a los empleados de este colectivo ni a los empleados que, estando a la espera de consolidar, pueden ver truncadas sus expectativas de consolidar sus plazas por culpa de esta decisión errónea y totalmente fuera de lugar del Gobierno que lo único que persigue es atrasar en el tiempo lo que es inevitable e incrementando considerablemente el perjuicio causado a las arcas públicas además de mermar considerablemente el servicio que presta dicha consejería esencial".