La formación localista Caballas entra a saco en lo que, para ellos, es una deformación del objetivo -decidido por el Gobierno- de contratar obras públicas a la multinacional Tragsa que forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que la propia Ciudad ha adquirido participaciones.

De ese modo, se 'ahorran' los expedientes de concursos de adjudicación de obra pública, y se gana en rapidez administrativa, pese a ser -de hecho- una merma radical en las aspiraciones de las constructoras ceutíes, que además provoca inestabilidad laboral al personal de construcción ceutí y cercena las posibilidades de los desempleados del sector, dado que Tragsa no ha sido concernida -critica la oposición- para velar porque las obras públicas en Ceuta cuenten preferecialmente con trabajadores de la ciudad.

Así las cosas, Caballas ha emitido una nota de prensa en la que pide al Gobierno que actúe, y lo pedirá en Pleno. Se pedirá que se incluya una cláuslula para que en las siguientes adjudicaciones a Tragsa se contrate de manera directa, a traves del SEPE en Ceuta, los trabajadores necesarios salvo aquellos que necesiten una especial cualificación.

Así reza la nota enviada por Caballas:

"El Gobierno, de manera nunca suficientemente explicada, y desde luego sin ser capaz de demostrar las ventajas, ha decidido gestionar sus inversiones a través de los encargos al medio propio Tragsa. Esta decisión, no sólo ha supuesto un innecesario encarecimiento de las obras (estimado en ocho millones de euros hasta la fecha) sino que ha conllevado dos consecuencias negativas que ya se previeron en su día. Por un lado el debilitamiento de las empresas locales, y lo que es aún más grave, la "exportación" de los puestos de trabajo.

La empresa Tragsa, haciendo una interpretación torticera e interesada de la norma (computa los materiales de manera independiente de la mano de obra para cumplir "formalmente" la obligación ejecutar directamente el 51% en contra del criterio habitual de hacerlo conjuntamente), consigue "subcontratar" prácticamente la totalidad de la mano de obra con empresas en su mayoría peninsulares que no contratan a trabajadores de Ceuta.
Caballas considera que la Ciudad tiene mecanismos legales para evitar que se produzca este injusto fraude. Ceuta no se puede permitir el lujo de "exportar" los pocos puestos de trabajo que se crean. Esto, en la capital del paro, es una canallada.

Es por ello que en el próximo Pleno de la Asamblea instaremos al Gobierno de la Ciudad a que, en los encargos de obra que se hagan al medio propio TRAGSA, se incluya una cláusula según la cual se obligue a contratar de manera directa, y a través del Servicio Público de Empleo de Ceuta, a todos los trabajadores y trabajadoras necesarios para la ejecución de las obras, salvo para aquellos puestos de trabajo que requieran una cualificación muy concreta y especializada y previa justificación de esta condición".