La crisis abierta en el puerto por el cambio de criterios exhibido por la cúpula portuaria en relación a las transmisiones y cambios de uso de las concesiones en el espacio competencial del Puerto de Ceuta se está conviertiendo en una seria pugna en la que los empresarios ya han logrado sumar a su causa a la representación del Gobierno Central en Ceuta.

Con el apoyo que la delegada del Gobierno ha transmitido hoy a la Confederación de Empresarios de Ceuta se abre la espita del enfrentamiento institucional en la que los empresarios de la ciudad, en defensa de sus intereses inversores y de creación de dinámicas económicas y de empleo, han sumado un aliado de considerable peso, la Delegación del Gobierno.

Esta mañana, Ory Mateos y su equipo ha recibido a los representantes de la CECE y, en los referente a las transmisiones, cambios de uso y cesión de concesiones administrativas, ha respaldado el mantenimiento de la actividad comercial en este area de la ciudad, "un enclave en auge que genera empleo y riqueza", ha sostenido la delegada, cuya opinión ha quedado reflejada públicamente a través de nota de prensa oficial emitida por la propia Delegación.

Se defiende que la Abogacía del Estado no ha emitido un informe negando esta posibilidad, sino que abre la vía a realizar unos determinados actos administrativos que se ajusten, quizá mejor, a la pulcritud legal, sin decir en momento alguno que anteriormente fuesen ilegales los antiguos mecanismos, dado que -entre otras cuestiones- todos y cada uno de aquéllos actos venían igualmente respaldados por los informes de la propia Abogacía del Estado.

Sin embargo, este informe último en el que se aclaran más los aspectos, bajo la dirección de los nuevos criterios de la Presidencia y de su Dirección Portuaria, avalados también por la representación de Caballas en el Consejo de Administración, Juan Luís Aróstegui, es el que se emplea para cerrar todas las puertas a la readaptación de las empresas que han de competir -sin apenas armas- en el cambiante modelo de actividad económica que se produce en Ceuta al socaire de la frontera.

En el informe se dice al respecto que “en todo caso, manteniendo cierta conexión con la identidad inicial del concesionario para limitar el tráfico jurídico privado de dominio público se puede alcanzar un perfecto equilibrio entre la iniciativa privada y la indemnidad del interés público subyacente en la concesión demanial”, que es a lo que aferran los empresarios, no se discute y por el que se encuentra el apoyo de la Delegación del Gobierno.

Unos empresarios que, asombrados y perplejos, contemplan la pasiva defensa de la Ciudad Autónoma, hasta el momento, sin intervenir si acaso como mediadora entre los criterios taxativos del presidente portuario, su equipo directivo (oficial y oficioso) y los que propone el órgano de representación empresarial.

Esta tensión derivada de estos últimos acontecimientos continuará sinedie si no se media una conciliación que cuadre todos los intereses sin doblar en momento alguno la línea divisioria entre lo legal y lo ilegal.