Un documento de 36 páginas con un total de 140 medidas constituyen el plan que el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha proyectado para afrontar la "encrucijada de futuro" que para los ceutíes representa las decisiones ulnilaterales marroquíes para asfixiar a Ceuta, ha dicho el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas que apuesta por más España y más Europa.

Las medidas restrictivas impuestas por Marruecos en la frontera son, en la consideración del presidente ceutí, una oportunidad para eliminar todas las situaciones excepcionales con las que ha venido funcionado la frontera con el país vecino en las últimas décadas.

Vivas pide un control más riguroso sobre los marroquíes, menores y adultos, que consiguen entrar irregularmente en la ciudad. “La situación de los menores no acompañados es una emergencia social y humana”, ha afirmado.

Una bajada “sustancial” del IPSI y el abaratamiento del coste del transporte de mercancías y pasajeros, así como la eliminación de la economía sumergida, son parte de la estrategia planificada. Pero también la necesidad de facilitar los trámites para la expulsión a su país de los MENA. “España ha de reclamar a Marruecos el cumplimiento de los convenios suscritos para el reagrupamiento familiar y el retorno de estos menores”, ha vuelto a expresar.

Las medidas del Gobierno proponen igualmente favorecer procesos para sustituir mano de obra extranjera por trabajadores locales. Según estima la Ciudad, en Ceuta trabajan en la actualidad entre 5.000 y 6.000 marroquíes, de los que solo unos 3.000 se encuentran afiliados a la Seguridad Social.

Punto y final a la excepción Schengen

Vivas ha vuelto a insistir que la estrategia para defender los intereses de la ciudad frente a Marruecos pasa por la “eliminación o revisión en profundidad” de la excepción al Tratado de Schengen, y que los tetuaníes tuvieran que obtener visado para acceder a Ceuta.

Según el presidente de Ceuta, la adopción de esta medida supondría una reducción de la presión sobre la ciudad y sobre los servicios públicos ligados a aquella como la Sanidad, a la vivienda o la atención a menores. “Que sean las autoridades españolas y no las marroquíes las que decidan quién entra en Ceuta”, ha sostenido.

El documento será remitido en el plazo de diez días a la Delegación del Gobierno y organizaciones empresariales, profesionales, sindicales y culturales y espera que sirva para aunar esfuerzos ante el problema suscitado.

Más abajo el documento presentado por el Gobierno.