Salvo el Gobierno de la Ciudad (siempre eufórico, no se sabe bien si como causa de una patología o como portador de un cinismo inigualable), todos los ceutíes observan con una enorme preocupación el declive económico de la actividad económica, arrastrada inexorablemente por el "cierre político de la frontera" y acelerada por la vergonzosa ausencia de alternativas. Cada vez que se plantea esta cuestión (sin ir más lejos en las últimas sesiones plenarias), el Gobierno responde con una insultante catarata de lugares comunes, entre las que destaca el recurrente "análisis DAFO". Cuando se desemboca en el análisis DAFO, ya se tiene la absoluta certeza de que no va a ocurrir absolutamente nada. Así es en esta ocasión. El Gobierno no se siente concernido por este problema. Prefiere abrazarse a la Ceuta "blindada" que cobra sus nóminas directamente desde Madrid. No se puede esperar mucho de un Gobierno que no cree en la recuperación de la economía de Ceuta.

El problema es que los efectos de esta crisis de colosales proporciones, tienen nombre y apellidos. Son ciudadanos y ciudadanas de Ceuta condenados a vivir en la miseria y abandonados a su suerte por quienes juraron (o prometieron) defenderlos.

Esta situación no es nueva en nuestro país. Por diversos motivos, hechos similares se han producido en otros lugares de España que han tenido que hacer frente a procesos de "reconversión" de sus economías. En todos ellos, los poderes públicos intervinieron de manera activa y determinante aplicando medidas y programas cuya finalidad era paliar los efectos inevitables de una crisis sin solución a corto plazo. ¿Por qué Ceuta tiene que ser diferente también en esto? ¿Dónde están ahora quienes se llenan la boca de falso patriotismo? ¿Acaso Ceuta no es tan española como Burgos o Antequera? ¿Por qué siempre Ceuta resulta castigada con la indiferencia, la indolencia o el ostracismo?

La Asamblea de Ceuta no puede tolerar este proceso de empobrecimiento desde una posición de connivencia culpable. Tenemos la obligación de luchar con todas nuestras fuerzas para defender a nuestra gente de una calamidad cada vez más cercana, cada vez más palpable, cada vez más agresiva.

Es por todo ello, que propondremos al Pleno de la Asamblea en la próxima sesión ordinaria:

Exigir al Gobierno de la Nación la implementación de un Plan Cuatrienal de Sostenimiento del Empleo, dotado con al menos quince millones de euros anuales, que garantice unos niveles mínimos de calidad de vida a las familias desplazadas del mercado laboral y/o de extrema dificultad de acceso al empleo como consecuencia del notable descenso de la actividad económica en el sector privado.