Pesca
La flota pesquera del Mediterráneo alerta de nuevos recortes de la UE que amenazan su supervivencia
La propuesta de Bruselas para 2027 reduciría un 32% los días de actividad de los arrastreros españoles, que pasarían de 143 a 97 jornadas anuales. CEPESCA y las cofradías advierten del riesgo de cierre de empresas familiares y de la pérdida de miles de empleos
El sector pesquero del Mediterráneo ha lanzado una nueva advertencia ante los recortes de actividad que plantea la Comisión Europea para 2027. La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), junto a las organizaciones europeas Europêche y EBFA, reclaman a los ministros de Pesca de la Unión Europea que rechacen nuevas restricciones y tengan en cuenta los sacrificios realizados por la flota durante los últimos años para favorecer la recuperación de los recursos marinos.
La propuesta de Bruselas contempla una reducción de hasta el 32% de las posibilidades de pesca para los arrastreros del Mediterráneo. En el caso de España, la flota pasaría de una media de 143 días de actividad en 2026 a únicamente 97 en 2027. Incluso aplicando medidas adicionales de compensación, el máximo alcanzaría las 131 jornadas.
Las organizaciones pesqueras consideran que este nuevo recorte supondría un golpe para la viabilidad económica de numerosas empresas, muchas de ellas familiares. Desde la entrada en vigor del plan plurianual del Mediterráneo en 2019, cuando los barcos faenaban alrededor de 230 días al año, la flota española de arrastre ya ha perdido cerca del 40% de su actividad.
El sector reclama que se reconozcan los esfuerzos realizados
CEPESCA y la FNCP consideran contradictorio que la Comisión Europea plantee nuevas restricciones cuando los indicadores científicos apuntan a una evolución favorable de los recursos pesqueros. Según señalan, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca confirma que ninguna de las poblaciones evaluadas se encuentra por debajo del límite crítico de biomasa.
Este avance, defienden, es consecuencia de años de sacrificios, con menos jornadas de pesca, inversiones en artes más selectivas y cierres de determinadas zonas. Por ello, consideran que la recuperación de las poblaciones debería traducirse en una gestión más flexible y no en nuevas penalizaciones para los profesionales que han asumido las restricciones.
Otro de los problemas señalados por las organizaciones es la dependencia de toda la pesquería mixta del Mediterráneo occidental del estado de la cigala en la subzona geográfica GSA 6. Una especie que representa una proporción reducida de las capturas totales, pero cuyo estado condiciona las posibilidades de pesca de flotas que trabajan con numerosas especies comerciales.
Las entidades recuerdan además que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha reclamado una revisión urgente del plan plurianual para introducir un modelo de gestión más adaptativo y tener en cuenta las consecuencias económicas de los sucesivos recortes.
Miles de empleos y empresas familiares en riesgo
El impacto de las restricciones podría extenderse mucho más allá de los propios barcos. Según los datos de la Comisión Europea citados por las organizaciones, la pesca demersal genera alrededor de 24.000 empleos equivalentes a tiempo completo y otros 12.500 puestos indirectos en las comunidades costeras.
En 2023 operaban en el Mediterráneo occidental unos 1.100 arrastreros de fondo, que desembarcaron aproximadamente 55.000 toneladas de productos del mar. La flota ya había perdido un 18% de sus buques durante la década anterior, una tendencia que, según advierte el sector, podría acelerarse con nuevas limitaciones.
Las organizaciones pesqueras sostienen que los profesionales necesitan al menos 180 días de actividad al año para garantizar la rentabilidad de sus negocios y unas condiciones de vida dignas.
Cinco exigencias a Bruselas
Ante el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE previsto para el 23 de noviembre, CEPESCA, la FNCP, Europêche y EBFA plantean cinco demandas: mantener como mínimo los días de pesca asignados en 2026; revisar urgentemente el plan plurianual del Mediterráneo occidental; garantizar compensaciones económicas ante nuevas restricciones; realizar evaluaciones completas del impacto socioeconómico y asegurar que la sostenibilidad medioambiental vaya acompañada de viabilidad económica y social.
También reclaman revisar las limitaciones de capturas de especies como la gamba roja y la merluza, así como activar ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para paliar los efectos de posibles paralizaciones.
El mensaje de las organizaciones es que la conservación de los recursos marinos no puede desligarse de la supervivencia de quienes viven de la pesca. A su juicio, reducir todavía más los días de actividad, después de años de restricciones, amenaza con acelerar la desaparición de empresas, debilitar las economías costeras y aumentar la dependencia europea de las importaciones de productos del mar.

El sector pesquero del Mediterráneo ha lanzado una nueva advertencia ante los recortes de actividad que plantea la Comisión Europea para 2027. La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), junto a las organizaciones europeas Europêche y EBFA, reclaman a los ministros de Pesca de la Unión Europea que rechacen nuevas restricciones y tengan en cuenta los sacrificios realizados por la flota durante los últimos años para favorecer la recuperación de los recursos marinos.
La propuesta de Bruselas contempla una reducción de hasta el 32% de las posibilidades de pesca para los arrastreros del Mediterráneo. En el caso de España, la flota pasaría de una media de 143 días de actividad en 2026 a únicamente 97 en 2027. Incluso aplicando medidas adicionales de compensación, el máximo alcanzaría las 131 jornadas.
Las organizaciones pesqueras consideran que este nuevo recorte supondría un golpe para la viabilidad económica de numerosas empresas, muchas de ellas familiares. Desde la entrada en vigor del plan plurianual del Mediterráneo en 2019, cuando los barcos faenaban alrededor de 230 días al año, la flota española de arrastre ya ha perdido cerca del 40% de su actividad.
El sector reclama que se reconozcan los esfuerzos realizados
CEPESCA y la FNCP consideran contradictorio que la Comisión Europea plantee nuevas restricciones cuando los indicadores científicos apuntan a una evolución favorable de los recursos pesqueros. Según señalan, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca confirma que ninguna de las poblaciones evaluadas se encuentra por debajo del límite crítico de biomasa.
Este avance, defienden, es consecuencia de años de sacrificios, con menos jornadas de pesca, inversiones en artes más selectivas y cierres de determinadas zonas. Por ello, consideran que la recuperación de las poblaciones debería traducirse en una gestión más flexible y no en nuevas penalizaciones para los profesionales que han asumido las restricciones.
Otro de los problemas señalados por las organizaciones es la dependencia de toda la pesquería mixta del Mediterráneo occidental del estado de la cigala en la subzona geográfica GSA 6. Una especie que representa una proporción reducida de las capturas totales, pero cuyo estado condiciona las posibilidades de pesca de flotas que trabajan con numerosas especies comerciales.
Las entidades recuerdan además que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha reclamado una revisión urgente del plan plurianual para introducir un modelo de gestión más adaptativo y tener en cuenta las consecuencias económicas de los sucesivos recortes.
Miles de empleos y empresas familiares en riesgo
El impacto de las restricciones podría extenderse mucho más allá de los propios barcos. Según los datos de la Comisión Europea citados por las organizaciones, la pesca demersal genera alrededor de 24.000 empleos equivalentes a tiempo completo y otros 12.500 puestos indirectos en las comunidades costeras.
En 2023 operaban en el Mediterráneo occidental unos 1.100 arrastreros de fondo, que desembarcaron aproximadamente 55.000 toneladas de productos del mar. La flota ya había perdido un 18% de sus buques durante la década anterior, una tendencia que, según advierte el sector, podría acelerarse con nuevas limitaciones.
Las organizaciones pesqueras sostienen que los profesionales necesitan al menos 180 días de actividad al año para garantizar la rentabilidad de sus negocios y unas condiciones de vida dignas.
Cinco exigencias a Bruselas
Ante el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE previsto para el 23 de noviembre, CEPESCA, la FNCP, Europêche y EBFA plantean cinco demandas: mantener como mínimo los días de pesca asignados en 2026; revisar urgentemente el plan plurianual del Mediterráneo occidental; garantizar compensaciones económicas ante nuevas restricciones; realizar evaluaciones completas del impacto socioeconómico y asegurar que la sostenibilidad medioambiental vaya acompañada de viabilidad económica y social.
También reclaman revisar las limitaciones de capturas de especies como la gamba roja y la merluza, así como activar ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para paliar los efectos de posibles paralizaciones.
El mensaje de las organizaciones es que la conservación de los recursos marinos no puede desligarse de la supervivencia de quienes viven de la pesca. A su juicio, reducir todavía más los días de actividad, después de años de restricciones, amenaza con acelerar la desaparición de empresas, debilitar las economías costeras y aumentar la dependencia europea de las importaciones de productos del mar.






















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