La investigación judicial sobre los acontecimientos del pasado 30 y 31 de julio en Ceuta incorpora nuevos elementos que apuntan a una posible implicación directa de responsables de las estructuras de seguridad marroquíes. Según publica este domingo EL ESPAÑOL en una excluisva de María Peral, un nuevo informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional identifica a 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes, además de otros presuntos dinamizadores de la operación que desembocó en la entrada masiva de personas en territorio español.

La información, firmada por el diario EL ESPAÑOL, sostiene que responsables de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas estuvieron presentes en las inmediaciones de Castillejos durante el desarrollo de los acontecimientos, coincidiendo con la entrada de alrededor de 100.000 personas en Ceuta, según las cifras que recoge la publicación.

El documento policial ha sido remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga desde el pasado 7 de septiembre si los hechos pueden constituir delitos relacionados con la paz o la independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que no se limita a constatar la presencia de agentes marroquíes en la zona, sino que aprecia indicios de una coordinación de nivel superior entre distintas estructuras de seguridad del país vecino. El CENIF sostiene que en un mismo espacio coincidieron miembros de las Fuerzas Auxiliares, gendarmes, policías y responsables civiles, con comportamientos que apuntarían a instrucciones comunes y a una actuación organizada.

Altos cargos en el escenario de la entrada

Entre los responsables identificados figura Younes Tazi, gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, considerado la máxima autoridad civil de esa demarcación. Según el informe, fue localizado en Castillejos durante la noche del 30 de julio, junto al dispositivo policial desplegado en la zona.

También aparece Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán y máxima autoridad operativa de la Dirección General de Seguridad Nacional marroquí en esa región. Las imágenes analizadas por los investigadores lo sitúan el 30 de julio impartiendo instrucciones a distintos mandos policiales, precisamente durante una de las principales oleadas de entrada en Ceuta.

El documento destaca que, mientras se producía aquella llegada masiva, numerosos efectivos marroquíes habrían estado guiando y derivando a las personas hacia el agua para alcanzar territorio español a nado.

Otro de los nombres señalados es Youssef El Hajji, responsable administrativo de Castillejos, a quien el CENIF ya había incluido en un informe anterior entre los presuntos «dinamizadores sobre el terreno».

La relación incluye asimismo a Taoufik Hamouz, identificado en imágenes en actitud de control, dirección y coordinación de movimientos, y a Abdel Fatiah Sayed Al-Radi, jefe de Seguridad de M'Diq (Rincón), considerado por los investigadores otro de los dinamizadores de la entrada masiva.

El informe recoge también la presencia de Muhammad Al-Sassi, comandante de los Grupos Móviles de Orden Público, y otros responsables policiales y administrativos de la región, cuya identificación se ha realizado mediante imágenes y testimonios de personas que llegaron a Ceuta.

Una investigación que apunta a una coordinación superior

Las conclusiones del CENIF refuerzan la hipótesis de que los acontecimientos de julio no respondieron exclusivamente a un movimiento migratorio espontáneo, sino que pudieron estar condicionados por una actuación organizada desde distintas estructuras de seguridad marroquíes.

La Policía sostiene que la coincidencia de mandos de diferentes organismos, las instrucciones observadas sobre el terreno y los testimonios recopilados permiten apreciar indicios de una coordinación superior. Entre los comportamientos investigados figuran la inactividad de determinados efectivos, el guiado de personas hacia los puntos de entrada y el control de los desplazamientos.

La nueva documentación adquiere especial relevancia para las diligencias que dirige María Tardón en la Audiencia Nacional, donde se trata de esclarecer si detrás de la entrada masiva existió una operación dirigida contra la integridad territorial española y si hubo responsabilidades penales.

Por el momento, las identificaciones y los indicios recogidos en el informe policial forman parte de una investigación judicial todavía abierta. Será la magistrada quien determine su alcance y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.