Hay tragedias que se convierten en bandera y otras que, con el paso de las semanas, parecen quedar relegadas a un segundo plano. La entrada masiva desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio dejó una cifra estremecedora: 141 personas fallecidas. Una tragedia de dimensiones extraordinarias que debería mantener abierta una pregunta incómoda: ¿quién está exigiendo hoy que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido?

No se trata de discutir el derecho a recordar a las 14 personas que murieron en la playa del Tarajal en febrero de 2014. Sus muertes merecen memoria. Lo que resulta difícil de aceptar es que la defensa de aquellas víctimas haya tenido durante años una presencia constante en las movilizaciones de determinadas organizaciones, colectivos y activistas vapuleando judicialmente durante años a los guardias civiles que trataron de impedir una agresión a la frontera de España mientras que la tragedia de este verano no ha generado una respuesta pública y reivindicativa de la misma intensidad en todos esos sectores.

La comparación obliga a plantear una cuestión de coherencia. Si cada aniversario del Tarajal sirve para reclamar responsabilidades, exigir investigaciones y denunciar la actuación de las autoridades españolas, ¿por qué no se mantiene esa misma exigencia cuando la tragedia se produce en circunstancias distintas y las responsabilidades apuntan también, de manera directa, a las autoridades del país vecino?

141 vidas y preguntas sin respuesta

La pregunta fundamental sigue siendo qué ocurrió realmente en el lado marroquí de la frontera. ¿Qué hicieron las autoridades para impedir que miles de personas se dirigieran hacia Ceuta en aquellas condiciones? ¿Qué dispositivos se desplegaron? ¿Qué papel desempeñaron las fuerzas de seguridad? ¿Quién debe responder por las vidas que se perdieron durante aquellos intentos de entrada?

Los derechos humanos no pueden tener fronteras ideológicas

Sería injusto ignorar el trabajo de Caminando Fronteras y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que sí denunciaron la tragedia y cuestionaron la actuación de las autoridades, aunque sólo hasta ahí.. Pero esa labor no exime de preguntar por la respuesta del conjunto del movimiento asociativo, de las organizaciones que mantienen una presencia pública constante en Ceuta y de los sectores políticos que han hecho de la memoria del Tarajal una de sus principales reivindicaciones.

La defensa de los derechos humanos pierde credibilidad cuando parece selectiva. No puede haber una exigencia de verdad y justicia cuando las actuaciones cuestionadas corresponden a España y una prudencia mucho más discreta cuando las preguntas conducen hasta Marruecos. Tampoco puede aceptarse que el temor a incomodar al país vecino condicione la denuncia pública de una tragedia de esta magnitud.

El Gobierno de España tiene igualmente una responsabilidad que no puede eludir: reclamar información, exigir cooperación, esclarecer las circunstancias de las muertes y garantizar que las familias puedan conocer el destino de sus seres queridos. El Gobierno marroquí, por su parte, debe ofrecer explicaciones transparentes sobre lo sucedido en su territorio. La relación diplomática entre ambos países no puede convertirse en un argumento para dejar a las víctimas sin respuestas.

Una memoria que no puede depender de quién sea señalado

La visita de los Reyes a Ceuta y el homenaje previsto a las personas fallecidas en aquellos días demostraron que la tragedia no quedó completamente fuera de la agenda institucional. Pero un acto oficial no sustituye a una investigación, ni resuelve las dudas sobre las responsabilidades, ni garantiza que las familias conozcan la verdad. 

Ceuta no puede acostumbrarse a contar muertos en su frontera y continuar después como si nada hubiera ocurrido. Tampoco puede aceptar que 141 vidas terminen convertidas en una cifra que se recuerda cuando interesa y se aparta cuando incomoda. Vidas perdidas que tuvieron que enterrarse en Ceuta porque Marruecos no quiso ni a sus muertos.

Las 14 víctimas del Tarajal en 2014 merecen memoria. Las 141 personas fallecidas durante la invasión de julio también. No hay víctimas de primera y de segunda categoría, ni derechos humanos que deban defenderse en función de la bandera del responsable. Si la exigencia de justicia es sincera, debe ser la misma para todos. Y si alguien considera que señalar a Marruecos es demasiado incómodo, debería explicarse por qué el dolor de esas 141 familias merece menos voz.