La investigación judicial sobre la invasión de personas procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 da un paso decisivo. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado formalmente como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que deberá comparecer el próximo 18 de noviembre para responder por su actuación durante los acontecimientos que desbordaron la capacidad de respuesta de la ciudad.

Es un avance en unas diligencias que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo aquella entrada masiva, así como el conocimiento que tenían las autoridades españolas de lo que podía suceder y las medidas que se adoptaron —o dejaron de adoptarse— para prevenir sus consecuencias.

La citación de Pérez Triano se produce a raíz de la querella presentada por Abogados Cristianos y representa un salto cualitativo respecto a la situación procesal que existía el pasado 6 de octubre, cuando la magistrada abrió diligencias previas y solicitó un informe a la Fiscalía para valorar los hechos denunciados.

Ahora, la jueza ha decidido llamar al que fuera máximo representante del Gobierno de España en Ceuta durante aquellos días en calidad de investigado, condición que le garantiza los correspondientes derechos de defensa y que no implica, en ningún caso, que exista una condena ni que se haya acreditado su responsabilidad penal.

Las advertencias del CNI, en el centro de la investigación

Uno de los principales interrogantes que pretende despejar María Tardón es qué información manejaba la Delegación del Gobierno antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y hasta qué punto sus responsables conocían la dimensión de lo que podía producirse.

En este contexto, las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son relevantes. La investigación trata de determinar qué avisos se trasladaron, en qué fechas, quiénes tuvieron conocimiento de ellos y qué respuesta se dio desde las distintas instancias administrativas y gubernamentales.

Una de las cuestiones más delicadas afecta a la comunicación entre Miguel Ángel Pérez Triano y quien fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este último aseguró ante la jueza que había informado a su superior de la información recibida del CNI, un testimonio que contradice la versión pública que había mantenido el exdelegado sobre su supuesto desconocimiento de las advertencias.

La declaración de Sanz puede resultar determinante para establecer la cadena de conocimiento dentro de la Delegación y aclarar si las alertas llegaron efectivamente al máximo responsable del Gobierno en Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva.

Vivas trasladó a la jueza sus intentos de contactar con Sánchez

Otro de los testimonios relevantes incorporados a la investigación es el del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien explicó ante María Tardón que intentó contactar hasta en diez ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los días previos a los acontecimientos, sin conseguir hablar directamente con él.

Vivas también relató las comunicaciones que mantuvo con el gabinete de Presidencia, aportando información sobre las gestiones realizadas desde el Ejecutivo local ante la gravedad de la situación que se avecinaba.

Su declaración forma parte del conjunto de testimonios que la magistrada está recabando para reconstruir cómo funcionaron los mecanismos de comunicación y coordinación entre las administraciones durante las horas y jornadas previas a la entrada masiva.

Los posibles delitos recogidos en las querellas

Las acciones judiciales presentadas contra Pérez Triano apuntan a posibles responsabilidades penales por distintos conceptos, entre ellos prevaricación, desórdenes públicos, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

Se trata de calificaciones jurídicas planteadas por los denunciantes y no de delitos que la magistrada haya declarado acreditados. Será el desarrollo de la instrucción el que permita delimitar los hechos investigados y determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal.

La comparecencia del 18 de noviembre permitirá a la jueza preguntar directamente al exdelegado por las advertencias que pudo recibir, sus comunicaciones con Gonzalo Sanz, los informes trasladados al Ministerio del Interior y las decisiones adoptadas ante la evolución de los acontecimientos.

También deberá esclarecerse qué peticiones de refuerzos se formularon, qué medidas preventivas se pusieron en marcha y cuál fue el grado de coordinación de la Delegación del Gobierno con el Ejecutivo central.

El Gobierno autoriza la declaración de agentes del CNI

La investigación también ha avanzado en el acceso a documentación reservada. María Tardón ha reclamado al Gobierno la desclasificación de información relacionada con las advertencias de los servicios de inteligencia y con la actuación de las autoridades marroquíes.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado que agentes del CNI puedan comparecer como testigos para aportar información sobre los datos que manejaron antes de los acontecimientos.

Esta documentación y las declaraciones de los integrantes de los servicios de inteligencia pueden resultar fundamentales para establecer si existieron avisos previos suficientemente concretos, a qué responsables se trasladaron y qué conocimiento tenían las autoridades competentes sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad.

El 18 de noviembre, una fecha clave para esclarecer lo ocurrido

La declaración de Miguel Ángel Pérez Triano ante la Audiencia Nacional constituye uno de los hitos más importantes de la investigación judicial sobre los acontecimientos de julio.

Por primera vez, la instrucción se dirige formalmente contra quien ocupaba la Delegación del Gobierno en Ceuta durante aquellos días, después de haber recabado testimonios de responsables políticos y de su propio equipo, además de documentación relacionada con las advertencias de los servicios de inteligencia.

La cuestión fundamental será determinar qué sabía Pérez Triano, cuándo tuvo conocimiento de la información disponible y qué decisiones adoptó ante los riesgos que se estaban comunicando.

Ceuta continúa esperando respuestas sobre unos acontecimientos que tuvieron consecuencias extraordinarias para la ciudad y que pusieron a prueba la capacidad de actuación de las administraciones y de las fuerzas de seguridad.

La comparecencia del próximo 18 de noviembre permitirá avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y administrativas que puedan derivarse de aquella crisis, sin prejuzgar la eventual responsabilidad penal del exdelegado, que deberá determinarse exclusivamente a través del procedimiento judicial.