El Instituto de Política Social (IPSE) ha presentado este martes una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, por su actuación antes y durante la crisis fronteriza de julio.

La organización solicita investigar la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y, de manera subsidiaria, otro de omisión del deber de perseguir delitos. La acción judicial, dirigida por la letrada María Juher i Layret, se ejerce mediante la acusación popular.

La querella sostiene que los responsables del Ministerio del Interior conocían el incremento de la presión migratoria sobre la frontera, las limitaciones de los medios disponibles y el riesgo de que la situación terminara desbordándose.

Según la organización, las autoridades ceutíes trasladaron peticiones urgentes de refuerzos y medidas extraordinarias de protección a los órganos superiores del Ministerio, pero recibieron una respuesta que considera insuficiente y que, sostiene, se mantuvo cuando la crisis ya se estaba desarrollando.

El IPSE pide esclarecer qué información recibió cada responsable y quién decidió rechazar o dejar sin respuesta las solicitudes formuladas desde Ceuta

La acción judicial señala directamente a Aina Calvo por su intervención en la recepción y gestión de las peticiones remitidas desde la ciudad autónoma, mientras que respecto a Grande-Marlaska solicita investigar su posible participación en el mantenimiento de la respuesta ministerial.

La organización pretende que el Supremo examine las decisiones adoptadas, las competencias de cada responsable y las posibles omisiones en materia de seguridad, coordinación policial y protección fronteriza. Su presidente, Pablo Hertfelder, sostiene que el Gobierno no tenía que anticipar una cifra exacta de entradas, sino reaccionar ante una situación de riesgo que, según afirma, ya había sido comunicada.

En su argumentación, el Instituto hace referencia a las aproximadamente 72.000 entradas irregulares que, según recoge la nota, cifra el propio Ministerio del Interior durante la crisis. También recuerda que el ministro calificó posteriormente los acontecimientos como un ataque contra la integridad territorial de España. Para el IPSE, estos datos deben ser examinados junto a las advertencias previas y las decisiones adoptadas por los responsables de Interior.

La organización considera que la dimensión de lo ocurrido obliga a investigar si existieron decisiones arbitrarias u omisiones conscientes en la respuesta institucional

La querella incorpora, además, una segunda línea de investigación, planteada de forma subsidiaria, sobre el posible conocimiento por parte de las autoridades de convocatorias y organizadores de entradas coordinadas a través de la frontera.

El IPSE solicita determinar si algún responsable recibió información sobre hechos con apariencia delictiva y no promovió su investigación o persecución. Esta parte de la acción queda supeditada a las diligencias que puedan practicarse y a la acreditación del conocimiento, las competencias y la actuación individual de cada uno de los querellados.