La libertad de los ciudadanos está íntimamente relacionada con su seguridad. Es decir, cuantos más seguros están, más libres son. Y, para garantizar el ejercicio de ese derecho y de sus libertades públicas, está, entre otras fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Local. 

En ese sentido, no podemos exigir que nos proporcionen seguridad si no pueden desarrollar su trabajo de forma segura por falta de medios. Hay que dotar de seguridad a los encargados de prestarla. 

Cuando hablamos de seguridad, lo hacemos de la piedra angular de cualquier sociedad democrática que se preste. Si la Policía Local está más preocupada de su propia seguridad que de dar seguridad a la población por falta de medios, queda desatendida su función principal. Garantizan los derechos y libertades públicas protegiendo a la sociedad, no a sí mismos por estar su seguridad comprometida. 

La ley que les obliga al cumplimiento de su deber, es la misma que les obliga al uso adecuado de medios. Por lo tanto, dudar de que su utilización sea o no congruente, oportuna y proporcional, es poner en jaque el estado democrático de derecho. 

Medios con el único fin de servir a los ciudadanos de la ciudad autónoma de Ceuta, de cuidar los intereses y necesidades de los mismos, de prestar un servicio eficaz, seguro y de colaborar en todo aquello que sea requerido por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de velar por la seguridad de los agentes actuantes, atendiendo a las necesidades de sus servicios. Materiales específicos con la finalidad de atender a las circunstancias y características de una sociedad que evoluciona cada vez más rápido y cuya delincuencia también lo hace con la misma rapidez. 

Pero para una mejor comprensión lectora, desgranaré el concepto de «Seguridad Ciudadana», que tanto debate genera. Se hace necesario, por consiguiente, apuntalar el mismo desde su base, con un breve trayecto legislativo que lo esclarezca. Muchos abogan todavía a día de hoy por el término: orden público. Pues bien, en ese sentido, el mencionado término estaba acuñado por la ley de Orden Público del año 1933, la cual obviamente ya se encuentra derogada. La luna ha visto muchas noches desde entonces. Eso hace que actualmente el término que se encuentra en vigor sea el de «Seguridad Ciudadana». 

En ese sentido, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hacemos referencia a la defensa de las personas y de sus bienes, y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, actividad exigida a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. La propia Constitución Española reconoce «la participación de las distintas administraciones públicas a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad en el mantenimiento de esa seguridad ciudadana o seguridad pública». 

La Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (a secas) amplía esta función manifestando que, con apoyo directo al artículo 149.1.29ª, en relación con el 104.1 de la Constitución, la ley recoge que el mantenimiento de la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y a las demás administraciones públicas, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales […]. De tal forma que podemos afirmar que TODAS las fuerzas y cuerpos de seguridad, independientemente de si pertenecen al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales, tienen como misión genérica garantizar la seguridad pública, sinónimo de seguridad ciudadana. Siempre solemos irnos a las competencias específicas de cada cuerpo, pero nunca leemos los primeros artículos. Concretamente, el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad señala que el mantenimiento de la SEGURIDAD PÚBLICA se ejercerá por las distintas administraciones públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en su artículo 2 especifica que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: las del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, las de las Comunidades Autónomas y las de las Corporaciones locales; de tal modo que estamos ante competencias genéricas y compartidas, independientemente de las exclusivas de cada cuerpo policial. Asimismo, la ley que nos ocupa en el presente párrafo detalla en su artículo 5.4 que TODOS los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la SEGURIDAD CIUDADANA.

Como añade también en su artículo 3, ajustarán su actuación al principio de «cooperación recíproca», es decir, tú cooperas conmigo, yo coopero contigo. La Policía Local, desde hace tiempo, no es un cuerpo auxiliar ni subordinado a ningún otro. Si nos vamos también al artículo 53, donde se establecen las competencias de las Policías Locales, en su apartado h), establece “vigilar los espacios públicos”. Pero es que si nos vamos al apartado IV de su preámbulo, este aborda la participación de las corporaciones locales en la seguridad ciudadana. 

Otra norma legislativa de obligada referencia resulta ser la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuyo articulado establece competencias en materia de Policía Local y, por lo tanto, en la seguridad de lugares públicos a los municipios. 

Destacable también es la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que atribuye la tarea protectora de ese derecho fundamental a TODAS las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Para terminar legislativamente hablando, es necesario reseñar del mismo modo a la Ley 57/03 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, donde especifica que se potenciará la participación de los Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, así como al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, donde se implican a las Policías Locales. 

Estamos, por tanto, ante una evolución de las leyes, así como, desgraciadamente, de las actividades delincuenciales. No por ser genérica deja de ser esencial la necesidad de dar respuesta adecuada, eficaz y segura a las nuevas formas de delincuencia. Cada día hay una demanda cada vez más exigente e imperante por la sociedad de una seguridad integral, caracterizada por ser el bien público más determinante para el progreso de una ciudad, y por el hecho de que las encuestas marcan como prioritario garantizar este servicio público por encima de otros, motivo por el cual la Policía Local está adquiriendo un papel vital en las tareas de mantenimiento y protección de la seguridad ciudadana. 

Se ha constatado que se está produciendo una variación de la delincuencia y, por lo tanto, se tienen que cambiar las formas de actuar en las tareas policíacas a desarrollar para hacer frente a estos fenómenos, por lo que la Policía Local no solo tiene la obligación, sino también la necesidad de adaptarse a estas nuevas situaciones. 

De igual modo, cada vez es más frecuente las actividades que se realizan en la vía pública y que conllevan la participación de un gran número de personas (lúdicas, festivas, deportivas, religiosas, etc.), que requieren el servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de TODAS, para garantizar el buen desarrollo de dicha actividad. 

Del mismo modo, el vigente Código Penal obliga a todos los agentes de la autoridad a cumplir con su deber de perseguir delitos y la Ley de enjuiciamiento criminal reconoce funciones de la Policía Local como Policía Judicial. 

Si nos trasladamos ahora a la posibilidad legal del uso de dichos medios materiales, el artículo 52.1 de la meritada Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detalla que los cuerpos de Policía Local son institutos armados, sin que en tal ley se establezca limitación y diferenciación alguna entre las armas o medios que pueden ser empleados por los diferentes cuerpos de seguridad, con independencia de que sean de ámbito estatal, autonómico o local. 

De la lectura de todas las normas anteriormente reseñadas, se puede extraer como conclusión que los cuerpos de Policía Local, son Institutos Armados, y por tanto, harán uso del armamento del que se les dote de forma reglamentaria, bajo las normas que se dicten de directa aplicación. El siguiente paso en nuestro trayecto legislativo nos lleva, de forma irremediable, al Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Ya en la exposición de motivos del mismo, se recoge que entre el alcance de dicha norma se «pretende regular las armas de propiedad privada que pueden poseer y utilizar los particulares y los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de los Servicios de Seguridad Privada», sin hacer referencia alguna en su exposición de motivos a las armas de dotación reglamentaria que utilicen las FFCCSS. Y así, en el punto 4º de su artículo 1, que versa sobre el objeto y ámbito de esta norma, se establece que «quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento, y se regirán por la normativa especial dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para el desarrollo de sus funciones también quedan excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos». 

Por lo tanto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las FFCCSS, salvo las de uso particular que se encuentran recogidas en artículos posteriores del Reglamento de Armas, se regirá por las normas que se dicten al respecto, sin que le sea aplicable este último. Es por ese motivo que la referencia efectuada en el artículo 5 del mencionado Reglamento, cuando se contempla la prohibición de la tenencia y uso de determinadas armas –entre las que se encuentran las defensas eléctricas-, salvo para funcionarios especialmente habilitados, en modo alguno incluye a las FFCCSS en el ejercicio de sus funciones, sino a otros funcionarios en cuyas normas reglamentarias se recojan tales medios, como pudieran ser los funcionarios de prisiones o del Servicio de Vigilancia Aduanera, pues las FFCCSS se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de tal norma.

Pero, más esclarecedor pudiera resultar lo que se establece en su artículo 6.2. En referencia a las «armas de guerra», se hace constar que «corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y de Interior, determinar las armas comprendidas en este artículo que pueden ser utilizadas como dotación de los miembros de las FFCCSS». Ello, sin que, nuevamente, se establezca diferenciación alguna entre las diferentes FFCCSS, englobándose a todas en igualdad de condiciones, y teniéndose presente que el hecho de que esta referencia no haya sido normativamente regulada, tal y como se indica, no ha supuesto obstáculo alguno para que por determinadas FFCCSS –como ha sucedido en el caso de las policías de las comunidades autónomas-, se hayan dotado de aquellas armas que han estimado más adecuadas para el ejercicio legítimo de sus funciones. 

Luego, la situación legislativa actual nos lleva a comprobar que no existe norma alguna que suponga impedimento legal para que la Policía Local disponga de las armas que consideren adecuadas para el ejercicio de las funciones que les son propias, sin que deban requerir de autorización expresa de órgano alguno, toda vez que tal medida no se encuentra legalmente impuesta y respetando, en todo momento y como no podía ser de otro modo, lo dispuesto en el art. 2.º del Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo; es decir, existiendo capacidad legal para establecer el armamento que debe poseer como dotación los Cuerpos de Policía Local, solo queda verificar si existen las circunstancias excepcionales necesarias que justifiquen la adquisición de las mismas y en este sentido se ha de resaltar varios aspectos fundamentales: 

a) No por ser genérica deja de ser esencial la necesidad de dar respuesta adecuada, eficaz y segura a las nuevas formas de delincuencia. 

b) Nivel 4 (reforzado) de alerta antiterrorista. Siendo la ciudad autónoma de Ceuta un enclave circunstancial al encontrarse situada en plena frontera europea. Haciendo mención especial al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, donde se implican a las policías locales. 

c) La realidad de la labor profesional del cuerpo de la Policía Local está aderezada con infinidad de hechos y circunstancias que justifican sobradamente la introducción de material disuasorio en casos muy puntuales y excepcionales como dotación policial, debido al trabajo que desempeñan. 

d) Cada día hay una demanda cada vez más exigente e imperante por la sociedad de una seguridad integral, caracterizada por ser el bien público más determinante para el progreso de una ciudad, y por el hecho de que las encuestas marcan como prioritario garantizar este servicio público por encima de otros. Es evidente que la ciudadanía cada vez demanda más servicios de seguridad a la Policía Local, motivo por el cual se está adquiriendo un papel vital en las tareas de mantenimiento y protección de la seguridad ciudadana. 

e) Se ha constatado que las nuevas situaciones, tanto sociales como económicas, están produciendo una variación de la delincuencia y, por lo tanto, también se tienen que cambiar las formas de actuar en las tareas policíacas a desarrollar, para hacer frente a estos fenómenos; por lo que la Policía Local tiene la obligación y la necesidad de adaptarse a estas nuevas situaciones. 

f) Existe un incremento de delitos cada vez más violentos, como los delitos contra la salud pública, de índole sexual, armas blancas o la aparición de armas de fuego entre los delincuentes (sobre todo por la aparición de un nuevo tipo de delincuencia transnacional más peligrosa y organizada). 

g) La labor desempeñada por la Policía Local, de cuyas actuaciones, servicios o detenciones se puede extraer la complejidad de sus intervenciones, necesita de elementos persuasivos y disuasorios en determinadas situaciones que apuntalen las mismas y ofrezcan una seguridad extra a sus integrantes. 

h) Variedad de medios, que les permita tener las herramientas necesarias para optar en sus intervenciones del menos lesivo a su alcance, lo que paradójicamente da mayor seguridad no solo a la Policía Local, sino también a las personas por las que velan. 

i) La situación actual en la que se encuentra la ciudad autónoma de Ceuta, donde una invasión migratoria ha multiplicado exponencialmente los servicios de seguridad que se prestan, añadiendo nuevos riesgos que requieren de una respuesta eficaz para minimizarlos. 

j) La organización y coordinación de la estructura de la Policía Local, que atribuye a sus miembros un uso ponderado del material a su alcance, y siempre bajo los principios básicos de actuación de oportunidad, proporcionalidad y congruencia. 

En el barco de la seguridad, cada brazo y cada remo debe ser bienvenido, para que el mismo vaya en la dirección y ritmo adecuados. La Policía Local suma siempre; no le priven por tanto de su derecho a estar en las galeras aportando su profesionalidad para proteger a los demás. 

Daniel Rodríguez Castillo 

Responsable del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (G.O.A.P.) de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz)