Crisis en Ceuta
La CEP denuncia la falta de transparencia en las devoluciones y alerta de que muchos inmigrantes siguen sin estar localizados
El portavoz provincial del sindicato policial, Eduardo García, considera positivo el desmantelamiento de parte del asentamiento del Puerto, pero advierte de que trasladar a unos 400 inmigrantes al CATE no resuelve el problema si no se concreta cuántos han sido expulsados, devueltos a Marruecos o han abandonado voluntariamente Ceuta
La Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta ha vuelto a cuestionar la gestión de la crisis migratoria y la falta de información sobre las actuaciones que se están desarrollando para identificar y devolver a los inmigrantes que permanecen en la ciudad. Su portavoz provincial, Eduardo García, considera que las medidas se están adoptando con meses de retraso y denuncia el secretismo que, a su juicio, rodea las cifras de identificaciones, solicitudes de asilo y expulsiones.
Las críticas llegan en plena intensificación de los dispositivos de la Policía Nacional para trasladar a inmigrantes desde los asentamientos improvisados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en la zona fronteriza del Tarajal. Durante este fin de semana, alrededor de 400 personas habrían sido trasladadas desde el asentamiento del Puerto, donde se ha comenzado a desmontar parte de las instalaciones utilizadas como alojamiento.
Una vez en el CATE, los inmigrantes son sometidos a las comprobaciones de identidad y situación administrativa correspondientes. Entre las actuaciones se encuentran la tramitación de los procedimientos de protección internacional y, cuando concurren los requisitos legales, la ejecución de las devoluciones o expulsiones. También se han trasladado menores que, según las informaciones conocidas, se encontraban en el interior de algunas de las estructuras levantadas en el asentamiento, para realizar las comprobaciones pertinentes.
Sin embargo, para la CEP, el traslado de personas de un punto a otro no puede presentarse como una solución si no viene acompañado de resultados concretos. La pregunta que plantea el sindicato es directa: ¿cuántos de esos aproximadamente 400 inmigrantes han sido finalmente devueltos a Marruecos, expulsados o han abandonado voluntariamente Ceuta?
La falta de localización dificulta las devoluciones
Uno de los principales problemas que señalan fuentes policiales sobre el terreno es la dificultad para localizar a quienes ya han recibido una resolución desfavorable de su solicitud de asilo. Según estas fuentes, los procedimientos estarían resolviéndose actualmente en plazos que no superarían una semana, frente a las demoras anteriores, pero una parte de los solicitantes a los que se ha denegado la protección internacional no se encuentra ya localizable para ejecutar las actuaciones administrativas correspondientes.
Esta circunstancia añade dificultades a un operativo que, según advierten los agentes, requiere conocer con precisión quiénes han sido identificados, qué procedimientos tienen abiertos y dónde se encuentran las personas sobre las que deben ejecutarse las resoluciones.
Desde la CEP consideran que la falta de información sobre estos extremos impide valorar el alcance real de las medidas y dificulta la planificación de los siguientes dispositivos policiales. El sindicato reclama que las identificaciones y los procedimientos administrativos permitan disponer de información suficiente para evitar que quienes sean objeto de devolución vuelvan a intentar entrar en España sin que pueda comprobarse adecuadamente su situación y actuar conforme a la legislación de extranjería.
La CEP asegura que ya advirtió de las consecuencias
Eduardo García recuerda que su organización trasladó previamente a la Jefatura las consecuencias que podía tener la forma de gestionar los asentamientos y los movimientos de inmigrantes por distintos puntos de Ceuta.
«Todo esto iba a ocurrir como está ocurriendo», sostiene el portavoz provincial, que advierte de que la situación puede terminar generando una carga adicional de trabajo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes tendrán ahora que emplearse a fondo para localizar a quienes hayan abandonado los asentamientos y comprobar si continúan en Ceuta o han conseguido desplazarse hasta la Península.
García considera positivo que se esté procediendo al desmantelamiento de parte del asentamiento del Puerto, pero insiste en que esa actuación pierde eficacia si no se acompaña de una respuesta definitiva sobre la situación administrativa de sus ocupantes.
«Lo que sería mejor es que se expulse inmediatamente a todos los irregulares que son miles, identificados y sin identificar, y que se deje de dar paseítos para un lado y otro sin resolver el problema», manifiesta, en referencia a los sucesivos traslados entre asentamientos y recursos habilitados.
El representante policial sostiene que la presencia de miles de inmigrantes en situación irregular continúa siendo una realidad en diferentes puntos de la ciudad y que los movimientos de los últimos días no permiten concluir que se haya recuperado el control de la situación.
Reclaman transparencia sobre asilos y expulsiones
La CEP también pone el foco en la ausencia de datos públicos suficientemente detallados sobre la evolución de las solicitudes de protección internacional. El sindicato considera necesario conocer cuántas se han presentado, cuántas han sido resueltas favorablemente, cuántas han recibido una resolución desfavorable y cuántas permanecen todavía en tramitación.
La misma exigencia se extiende a las devoluciones y expulsiones. Para la organización policial, después de más de tres meses desde los acontecimientos de julio, resulta imprescindible que las administraciones ofrezcan un balance que permita conocer el resultado efectivo de las operaciones.
«Lamentamos también que no se den datos sobre los asilos solicitados, resueltos o en trámite, ya que los que se tienen nos parecen insuficientes tras más de tres meses, y sobre todas las expulsiones que se están haciendo y se han hecho», denuncia García.
El portavoz concluye que una mayor transparencia contribuiría a trasladar tranquilidad a la ciudadanía y permitiría conocer si los dispositivos están consiguiendo reducir realmente el número de inmigrantes que permanecen en Ceuta.
La CEP vuelve así a reclamar que la actuación policial no se limite a desmontar asentamientos y trasladar a sus ocupantes al CATE, sino que se traduzca en procedimientos efectivos, resultados cuantificables y una solución que evite que la crisis siga desplazándose de un lugar a otro sin que se conozca cuándo terminará.

La Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta ha vuelto a cuestionar la gestión de la crisis migratoria y la falta de información sobre las actuaciones que se están desarrollando para identificar y devolver a los inmigrantes que permanecen en la ciudad. Su portavoz provincial, Eduardo García, considera que las medidas se están adoptando con meses de retraso y denuncia el secretismo que, a su juicio, rodea las cifras de identificaciones, solicitudes de asilo y expulsiones.
Las críticas llegan en plena intensificación de los dispositivos de la Policía Nacional para trasladar a inmigrantes desde los asentamientos improvisados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en la zona fronteriza del Tarajal. Durante este fin de semana, alrededor de 400 personas habrían sido trasladadas desde el asentamiento del Puerto, donde se ha comenzado a desmontar parte de las instalaciones utilizadas como alojamiento.
Una vez en el CATE, los inmigrantes son sometidos a las comprobaciones de identidad y situación administrativa correspondientes. Entre las actuaciones se encuentran la tramitación de los procedimientos de protección internacional y, cuando concurren los requisitos legales, la ejecución de las devoluciones o expulsiones. También se han trasladado menores que, según las informaciones conocidas, se encontraban en el interior de algunas de las estructuras levantadas en el asentamiento, para realizar las comprobaciones pertinentes.
Sin embargo, para la CEP, el traslado de personas de un punto a otro no puede presentarse como una solución si no viene acompañado de resultados concretos. La pregunta que plantea el sindicato es directa: ¿cuántos de esos aproximadamente 400 inmigrantes han sido finalmente devueltos a Marruecos, expulsados o han abandonado voluntariamente Ceuta?
La falta de localización dificulta las devoluciones
Uno de los principales problemas que señalan fuentes policiales sobre el terreno es la dificultad para localizar a quienes ya han recibido una resolución desfavorable de su solicitud de asilo. Según estas fuentes, los procedimientos estarían resolviéndose actualmente en plazos que no superarían una semana, frente a las demoras anteriores, pero una parte de los solicitantes a los que se ha denegado la protección internacional no se encuentra ya localizable para ejecutar las actuaciones administrativas correspondientes.
Esta circunstancia añade dificultades a un operativo que, según advierten los agentes, requiere conocer con precisión quiénes han sido identificados, qué procedimientos tienen abiertos y dónde se encuentran las personas sobre las que deben ejecutarse las resoluciones.
Desde la CEP consideran que la falta de información sobre estos extremos impide valorar el alcance real de las medidas y dificulta la planificación de los siguientes dispositivos policiales. El sindicato reclama que las identificaciones y los procedimientos administrativos permitan disponer de información suficiente para evitar que quienes sean objeto de devolución vuelvan a intentar entrar en España sin que pueda comprobarse adecuadamente su situación y actuar conforme a la legislación de extranjería.
La CEP asegura que ya advirtió de las consecuencias
Eduardo García recuerda que su organización trasladó previamente a la Jefatura las consecuencias que podía tener la forma de gestionar los asentamientos y los movimientos de inmigrantes por distintos puntos de Ceuta.
«Todo esto iba a ocurrir como está ocurriendo», sostiene el portavoz provincial, que advierte de que la situación puede terminar generando una carga adicional de trabajo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes tendrán ahora que emplearse a fondo para localizar a quienes hayan abandonado los asentamientos y comprobar si continúan en Ceuta o han conseguido desplazarse hasta la Península.
García considera positivo que se esté procediendo al desmantelamiento de parte del asentamiento del Puerto, pero insiste en que esa actuación pierde eficacia si no se acompaña de una respuesta definitiva sobre la situación administrativa de sus ocupantes.
«Lo que sería mejor es que se expulse inmediatamente a todos los irregulares que son miles, identificados y sin identificar, y que se deje de dar paseítos para un lado y otro sin resolver el problema», manifiesta, en referencia a los sucesivos traslados entre asentamientos y recursos habilitados.
El representante policial sostiene que la presencia de miles de inmigrantes en situación irregular continúa siendo una realidad en diferentes puntos de la ciudad y que los movimientos de los últimos días no permiten concluir que se haya recuperado el control de la situación.
Reclaman transparencia sobre asilos y expulsiones
La CEP también pone el foco en la ausencia de datos públicos suficientemente detallados sobre la evolución de las solicitudes de protección internacional. El sindicato considera necesario conocer cuántas se han presentado, cuántas han sido resueltas favorablemente, cuántas han recibido una resolución desfavorable y cuántas permanecen todavía en tramitación.
La misma exigencia se extiende a las devoluciones y expulsiones. Para la organización policial, después de más de tres meses desde los acontecimientos de julio, resulta imprescindible que las administraciones ofrezcan un balance que permita conocer el resultado efectivo de las operaciones.
«Lamentamos también que no se den datos sobre los asilos solicitados, resueltos o en trámite, ya que los que se tienen nos parecen insuficientes tras más de tres meses, y sobre todas las expulsiones que se están haciendo y se han hecho», denuncia García.
El portavoz concluye que una mayor transparencia contribuiría a trasladar tranquilidad a la ciudadanía y permitiría conocer si los dispositivos están consiguiendo reducir realmente el número de inmigrantes que permanecen en Ceuta.
La CEP vuelve así a reclamar que la actuación policial no se limite a desmontar asentamientos y trasladar a sus ocupantes al CATE, sino que se traduzca en procedimientos efectivos, resultados cuantificables y una solución que evite que la crisis siga desplazándose de un lugar a otro sin que se conozca cuándo terminará.






















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