No se resuelve la presencia de miles de personas que permanecen dispersas por barrios, montes y calles. El Gobierno sigue sin ofrecer una respuesta global, mientras los servicios públicos soportan una presión extraordinaria y los ceutíes continúan esperando medidas efectivas.

Es preocupante la forma en que se está gestionando la situación migratoria que atraviesa Ceuta desde los acontecimientos del pasado mes de julio: se mueve a los inmigrantes de un campamento a otro, se desmontan asentamientos, se habilitan nuevos espacios y se anuncian operaciones de traslado, pero el problema sigue exactamente donde estaba. O, mejor dicho, continúa extendiéndose por otros lugares de la ciudad.

Lo que se presenta como una actuación para recuperar el control no termina de ser más que un desplazamiento del problema. Se interviene sobre determinados asentamientos, se retiran tiendas y estructuras improvisadas, se trasladan personas a otros recursos y se intenta ordenar lo que resulta visible. Sin embargo, ¿qué ocurre con los miles de inmigrantes que permanecen fuera de esos dispositivos? ¿Quién sabe dónde están, en qué condiciones viven y qué hacen durante el día y la noche?

La realidad es que las administraciones apenas consiguen ejercer un control parcial sobre quienes se encuentran alojados en los recursos habilitados. Fuera de ellos existe una presencia mucho más difícil de cuantificar y supervisar, con personas dispersas por distintos barrios, montes, zonas periféricas, espacios próximos al casco antiguo y numerosas calles de Ceuta. Una población que deambula por la ciudad, utiliza espacios públicos y trata de pasar inadvertida entre los propios vecinos.

No se puede confundir la retirada de un campamento con la resolución de una crisis. Tampoco se puede vender como un éxito operativo que un asentamiento desaparezca si sus ocupantes terminan instalándose en otro punto de la ciudad. Cambiar de ubicación no significa recuperar el control. Significa, sencillamente, trasladar la dificultad a otro lugar.

Una estrategia que no puede consistir en esperar

Todo apunta a que se está confiando, en buena medida, en que las propias condiciones de permanencia en Ceuta terminen provocando que parte de los inmigrantes desista de continuar aquí y decida regresar voluntariamente a Marruecos. Si esa es la estrategia, estamos ante una apuesta extraordinariamente débil para una situación extraordinaria.

Esperar a que miles de personas se cansen, se marchen por voluntad propia o encuentren por sí mismas la manera de abandonar la ciudad no es una política migratoria. Es dejar que el tiempo haga el trabajo que corresponde a las administraciones. Y Ceuta no puede permitirse que la solución a una crisis de esta magnitud dependa de la paciencia de quienes permanecen en ella.

Han transcurrido más de tres meses, camino de cuatro, desde aquella entrada masiva. Tiempo suficiente para que el Gobierno de España hubiera diseñado una respuesta integral, coordinada y con objetivos verificables. No basta con actuaciones puntuales, reuniones, traslados y anuncios. Hace falta una decisión política de alcance, con medios extraordinarios y una estrategia que permita conocer, identificar, atender y resolver la situación de quienes permanecen en la ciudad.

Los menores no pueden quedar al margen de la solución

Especialmente sangrante resulta la falta de una respuesta contundente respecto a los menores marroquíes. Mientras se trabaja, con mayor o menor eficacia, sobre la población adulta, miles de menores continúan bajo la tutela y responsabilidad de las administraciones españolas, con una cifra que supera los 4.000 según las estimaciones que se vienen manejando.

¿De verdad se ha asumido que Ceuta debe criar, mantener y tutelar indefinidamente a una población de menores de esta dimensión? ¿Dónde está la estrategia para abordar su situación familiar, su protección y su posible reunificación con sus progenitores?

La protección de la infancia no puede convertirse en una excusa para la inacción ni en una responsabilidad que España deba asumir en solitario cuando existen vínculos familiares y un país de origen con el que se deben articular soluciones.

Marruecos ha asumido compromisos internacionales en materia de protección de la infancia y es firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. España debe exigirle que cumpla con sus propias obligaciones respecto a sus nacionales menores de edad. Eso exige cooperación bilateral, identificación de familias, comprobación de las condiciones de acogida y garantías efectivas de protección.

No se trata de devolver menores sin garantías ni de ignorar el interés superior del niño. Se trata precisamente de lo contrario: de explorar, con procedimientos individualizados, supervisión judicial y las garantías legales correspondientes, las posibilidades de reunificación familiar y retorno seguro cuando proceda. Los menores no pueden convertirse en una población permanentemente desarraigada, separada de sus familias y condenada a permanecer en una ciudad cuyos recursos no estaban preparados para semejante contingencia.

España debe utilizar todos los instrumentos diplomáticos, administrativos y judiciales a su alcance para que Marruecos asuma su responsabilidad. Y si hacen falta medidas legislativas extraordinarias, el Gobierno debe plantearlas dentro del respeto a los derechos fundamentales y a los convenios internacionales.

Ceuta no puede seguir pagando la factura de la inacción

La dimensión de esta crisis supera desde hace tiempo la capacidad ordinaria de una ciudad de apenas 83.000 habitantes. Los servicios sociales, los dispositivos de acogida, la atención sanitaria, los recursos educativos y los mecanismos de seguridad fueron concebidos para atender a la población residente, no para soportar indefinidamente las consecuencias de una entrada masiva de estas características.

Mientras tanto, los ceutíes contemplan cómo la ciudad cambia, cómo determinados espacios públicos quedan ocupados y cómo la presencia de miles de personas sin una solución definida se incorpora a la vida cotidiana. No se puede exigir normalidad a una población que lleva meses soportando una situación excepcional sin que las administraciones le ofrezcan certezas.

La responsabilidad del Gobierno de España es ineludible. No puede limitarse a administrar los efectos de la crisis ni a confiar en que los acontecimientos se diluyan con el paso de las semanas. Tampoco puede convertir a Ceuta en una estructura permanente de acogida de emergencia, trasladándole una carga que corresponde abordar al Estado mediante una política nacional, con cooperación internacional y recursos suficientes.

La población ceutí tiene derecho a la seguridad, a la tranquilidad, al uso normal de sus espacios públicos y al funcionamiento adecuado de sus servicios. Son derechos que deben protegerse y garantizarse. Y la excepcionalidad migratoria no puede justificar que se desatiendan las necesidades de quienes viven aquí.

Hace falta una decisión, no otro traslado

Ceuta no necesita que se anuncie un nuevo campamento, que se desaloje otro asentamiento o que se cambie a cientos de personas de ubicación para volver a empezar unas semanas después. Necesita saber cuántas personas permanecen realmente en la ciudad, dónde se encuentran, cuál es su situación administrativa y qué medidas se van a adoptar para resolverla.

Necesita un plan que contemple a los adultos, a los menores y a las familias; que establezca mecanismos efectivos de retorno cuando legalmente proceda; que implique de verdad a Marruecos y que permita recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad.

Y necesita, sobre todo, que alguien en Madrid entienda que Ceuta no puede continuar indefinidamente en esta situación.

Han pasado casi cuatro meses. No estamos ante una emergencia recién producida ni ante un episodio imprevisible cuyos efectos todavía deban evaluarse. Estamos ante una crisis prolongada que exige decisiones políticas y administrativas a la altura de su magnitud.

La sensación entre muchos ceutíes es que la ciudad permanece sometida a una excepcionalidad que se prolonga sin horizonte de salida, con sus derechos y su vida cotidiana condicionados por una gestión que no ofrece resultados suficientes. No es aceptable que la ciudadanía tenga que acostumbrarse a convivir con una crisis que las instituciones tienen la obligación de resolver.

Ya está bien de trasladar el problema de un sitio a otro. Ya está bien de administrar la emergencia como si fuera una situación permanente. Ceuta necesita recuperar el control de su ciudad y el Gobierno de España tiene la obligación de hacerlo posible. Lo que no puede seguir haciendo es mirar hacia otro lado mientras los ceutíes pagan las consecuencias de una crisis que no provocaron.