La normalidad que el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que se aproxima sigue sin encontrar reflejo en buena parte de la realidad cotidiana de Ceuta. Mientras desde el Ejecutivo central se insiste en transmitir un mensaje de recuperación progresiva, los ciudadanos perciben una situación muy diferente: asentamientos que continúan activos, recursos de acogida sometidos a una fuerte presión, presencia de inmigrantes fuera de los dispositivos oficiales y problemas de convivencia y seguridad que siguen sin una respuesta que permita dar por superada la invasión de julio.

La distancia entre el discurso institucional y lo que se vive en las calles se ha convertido en uno de los principales motivos de malestar entre los ceutíes. Una realidad que, más allá de las declaraciones políticas, tiene su expresión en distintos puntos de la ciudad y que no desaparece por reiterar que la situación está mejorando.

Las cifras que se manejan sobre la población inmigrante que permanece en Ceuta reflejan la dimensión del problema. Las estimaciones sitúan en cerca de 7.000 las personas que continúan en asentamientos y recursos provisionales, mientras que el número de menores extranjeros no acompañados ronda los 4.000, según las cifras que se vienen manejando en el ámbito local. A estas cantidades habría que añadir a quienes no están alojados en dispositivos oficiales y permanecen dispersos por diferentes zonas de la ciudad, una realidad difícil de cuantificar., aunque en global se estaría calculando sobre los 14.000.

Una presión que también alcanza al centro y a las barriadas

La situación no se limita a los espacios periféricos ni a los asentamientos que han concentrado buena parte de la atención pública. La presencia de inmigrantes en diferentes enclaves urbanos, incluidos puntos del casco antiguo y de barriadas como  calle Sevilla, Pasaje de las Heras, Recinto, Sarchal o Pasaje Recreo, forma parte de las preocupaciones trasladadas por vecinos.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa desarrollando actuaciones para identificar a personas cuya situación administrativa debe ser comprobada, incluidos aquellos casos en los que existen solicitudes de protección internacional o procedimientos pendientes. La Guardia Civil, por su parte, mantiene la vigilancia del litoral para impedir salidas irregulares por vía marítima y combatir la actividad de las redes que facilitan estos desplazamientos hacia la península.

El trabajo de ambos cuerpos evidencia que la crisis no puede considerarse cerrada. Los dispositivos policiales siguen afrontando las consecuencias de una situación extraordinaria que requiere algo más que anuncios de recuperación y declaraciones de normalidad.

Los menores y los asentamientos, dos problemas sin resolver

Especial preocupación genera la situación de los menores extranjeros no acompañados. La elevada presión sobre los recursos de acogida y las dificultades para encontrar una solución estable mantienen abierto un problema que Ceuta lleva demasiado tiempo soportando en condiciones de excepcionalidad.

La ciudad reclama que se apliquen mecanismos efectivos de cooperación con Marruecos y que se aborden las posibilidades legales de retorno y protección de los menores, siempre con las garantías que establece la normativa. Lo que no parece razonable es que una ciudad de las dimensiones y capacidades de Ceuta tenga que asumir indefinidamente una responsabilidad que necesita una respuesta coordinada entre administraciones y países.

Los asentamientos de adultos constituyen otro de los focos de preocupación. La permanencia de miles de personas en instalaciones provisionales y espacios abiertos prolonga una situación que repercute sobre los servicios públicos, la convivencia y las zonas residenciales próximas. Las quejas de vecinos que conviven a diario con esta realidad reflejan un hartazgo que difícilmente puede despacharse como una percepción exagerada.

El 29 de noviembre, una cita electoral marcada por la crisis

A medida que se aproxima la convocatoria electoral del 29 de noviembre, la situación de Ceuta adquiere también una dimensión política inevitable. Para una parte importante de la ciudadanía, la gestión de las consecuencias de julio y la respuesta ofrecida por el Gobierno central serán cuestiones determinantes a la hora de acudir a las urnas.

La campaña tendrá que responder a una pregunta que sigue presente en la calle: cuándo podrá Ceuta recuperar unas condiciones de seguridad, convivencia y tranquilidad que sus habitantes consideran imprescindibles.

El hartazgo ciudadano no significa resignación. Muchos ceutíes han expresado su rechazo a prolongar indefinidamente una situación que consideran injusta para una ciudad que ya soportaba importantes dificultades antes de los acontecimientos de julio. Reclaman soluciones, responsabilidades y medidas que se traduzcan en resultados, no nuevos anuncios ni mensajes autocomplacientes.

El 29 de noviembre será una oportunidad para que ese malestar se exprese políticamente. La ciudadanía decidirá entre las distintas propuestas, pero difícilmente podrá ignorarse el peso que tendrá en la campaña una crisis cuyas consecuencias siguen formando parte de la vida cotidiana.

Ceuta no necesita que le expliquen desde Madrid que la normalidad está cerca. Necesita poder comprobarlo en sus calles, en sus barriadas y en la tranquilidad de sus vecinos.