La Policía Nacional ha detenido a 73 personas en Melilla por su presunta participación en un fraude masivo a la Seguridad Social que supera los 3,5 millones de euros. La investigación ha destapado un entramado que recurría a falsas bajas laborales para obtener prestaciones económicas, simulando accidentes y enfermedades que impedían a los implicados desarrollar su actividad profesional.

El procedimiento comenzaba con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en actividades de escasa cualificación, como albañilería, peluquería o mozo de almacén. Sin embargo, los investigados se asignaban bases de cotización muy superiores a los ingresos habituales de esas profesiones, llegando en algunos casos hasta los 4.000 euros. Pocos días después declaraban haber sufrido un accidente o una enfermedad que les impedía trabajar y comenzaban a percibir una prestación mensual calculada sobre esa elevada cotización.

Entre los supuestos accidentes figuraban caídas fortuitas y enfermedades, aunque los investigadores han detectado que lo más habitual era recurrir a falsos accidentes de tráfico. En estos casos, otros integrantes de la trama aparecían como testigos para respaldar el relato y, en ocasiones, intercambiaban los papeles para beneficiarse también del sistema. La investigación ha permitido comprobar que muchos de los implicados estaban simultáneamente dados de alta como asalariados en el Régimen General, lo que les permitía acumular una segunda prestación.

Las contrataciones por cuenta ajena también levantaron sospechas. Los agentes comprobaron que un grupo reducido de empresarios formalizaba buena parte de esos contratos y que muchas relaciones laborales se habían iniciado apenas unos días antes de solicitar las bajas. Por este motivo, los responsables de dichas contrataciones también han sido incluidos en la investigación como presuntos implicados en el fraude.

El objetivo final de parte de los investigados era conseguir una incapacidad permanente que les garantizase una pensión vitalicia. Para ello, después de un año de baja y tras superar distintas revisiones, debían someterse a la valoración de un tribunal médico, que determinaba si podían reincorporarse a su actividad o si procedía reconocerles una invalidez permanente.

La Policía ha detectado numerosas coincidencias entre los expedientes: la mayoría residía en el mismo distrito, tenía vínculos familiares y acudía al mismo centro de salud, donde un facultativo atendía a buena parte de los implicados. Este médico también figura entre los investigados.

Las pesquisas encontraron además lesiones localizadas en las mismas partes del cuerpo y el uso repetido de pruebas diagnósticas. De hecho, los investigadores comprobaron que una misma resonancia magnética se había presentado en más de una ocasión durante las revisiones médicas. A estas irregularidades se sumaba la intervención de una persona que se encargaba de tramitar la documentación de un elevado número de afectados.

Según la Policía, este supuesto gestor administrativo, que no estaba colegiado ni como gestor ni como abogado, habría sido el principal responsable de organizar el procedimiento y ya había sido detenido anteriormente por falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular.

El operativo, desarrollado en Melilla y prolongado durante los días posteriores, se ha saldado con 73 detenidos y una persona investigada que no ha sido arrestada. Además, los agentes han registrado la oficina del principal investigado, donde han intervenido abundante documentación en papel y soporte electrónico que será analizada para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.