Más de 14.000 invasores permanecen en Ceuta, la normalidad que proclama el Gobierno no se corresponde con la realidad y miles de españoles han terminado privados de una libertad que siempre dieron por garantizada: disfrutar de su propia tierra sin miedo.

Este 1 de noviembre debería ser un día de alegría, de familia y de tradición. Debería ser una jornada en la que los ceutíes preparasen sus mochilas, llenasen las neveras, reuniesen a los suyos y subiesen a los montes para celebrar una de las costumbres más antiguas y arraigadas de la ciudad. La Mochila forma parte de la memoria colectiva de Ceuta. No es una simple excursión al campo. Es una tradición transmitida de generación en generación, una forma de reconocerse como pueblo y de disfrutar de un territorio que pertenece a todos sus ciudadanos.

Pero este año los montes están marcados por la incertidumbre. La celebración tradicional ha quedado suspendida por razones de seguridad. Las familias tendrán que buscar alternativas y renunciar a una costumbre que durante décadas ha sido una de las señas de identidad de los ceutíes. Y lo más grave no es únicamente que no puedan subir al campo: es lo que representa que, en su propia ciudad, los españoles de Ceuta no puedan disfrutar con normalidad de un derecho que siempre consideraron incuestionable.

Han pasado tres meses desde la invasión del 30 y 31 de julio. Tres meses desde aquellas jornadas en las que miles de personas atravesaron la frontera y entraron en Ceuta en una situación extraordinaria que desbordó los dispositivos de respuesta. Tres meses después, la ciudad continúa soportando las consecuencias de aquellos hechos. No hace falta recurrir a discursos políticos para comprobarlo: basta con mirar las calles, los barrios, los espacios públicos y los distintos puntos de la ciudad donde todavía se perciben las huellas de aquella crisis.

La invasión no ha terminado para los ceutíes. Por mucho que el Gobierno intente transmitir una imagen de recuperación, por mucho que se sucedan los balances institucionales y por muchas cifras de devoluciones que se exhiban, la realidad que viven los ciudadanos dista demasiado de esa normalidad oficial. Más de 14.000 invasores continúan en Ceuta, según las estimaciones que se manejan, mientras los vecinos siguen conviviendo con una situación que condiciona su vida cotidiana y limita el uso de espacios que antes disfrutaban sin preocupación.

Y aquí aparece una de las mayores responsabilidades políticas de esta crisis: haber permitido que una situación excepcional se prolongue durante meses sin una respuesta suficientemente rápida, eficaz y contundente. El Gobierno de España tenía la obligación de recuperar cuanto antes la normalidad, garantizar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, tres meses después, los ceutíes siguen esperando que esa obligación se traduzca en hechos.

No basta con anunciar dispositivos, desplegar efectivos, ofrecer explicaciones o presentar cifras parciales. Tampoco basta con asegurar que todo está bajo control cuando la propia Ciudad Autónoma considera que no puede garantizar la seguridad en los montes y decide suspender la celebración. La contradicción entre las administraciones no hace más que aumentar la desconfianza de una población que necesita certezas, no declaraciones enfrentadas.

La controversia entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local resulta especialmente reveladora. Mientras David de la Encina sostiene que los montes son seguros gracias al trabajo de militares, guardias civiles y policías nacionales, el Gobierno de Vivas ha optado por impedir la celebración tradicional. Nadie debería utilizar la profesionalidad de nuestros servidores públicos como argumento para ocultar las limitaciones de una situación que sigue sin resolverse. Reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad no obliga a fingir que el problema ha desaparecido.

¿Qué clase de normalidad es aquella en la que una familia tiene que renunciar a subir a los montes de su ciudad por temor a lo que pueda encontrarse? como ha expuesto el presidente de Vox en Ceuta, ¿Qué libertad disfrutan los vecinos cuando sus hábitos, sus desplazamientos y sus espacios de convivencia quedan condicionados por una crisis que no provocaron? ¿Qué explicación puede ofrecerse a quienes llevan tres meses viendo cómo su ciudad intenta acostumbrarse a unas circunstancias que nunca debieron prolongarse de esta manera?

La cuestión trasciende la celebración de La Mochila. Está en juego algo mucho más profundo: la sensación de libertad y seguridad de los españoles que viven en Ceuta. Los derechos constitucionales no pueden convertirse en derechos condicionados por la incapacidad de las administraciones para afrontar una emergencia. La libertad de circulación, el uso de los espacios públicos y el disfrute de las tradiciones no son concesiones del poder político. Son derechos que el Estado tiene la obligación de proteger.

Y, sin embargo, hoy los ceutíes se encuentran con una realidad difícil de aceptar: se les pide que renuncien a una de sus tradiciones más queridas porque las instituciones no están en condiciones de garantizar que puedan celebrarla como siempre. Se les pide prudencia, comprensión y paciencia. Se les pide que acepten restricciones mientras quienes tienen la responsabilidad de resolver la crisis siguen discutiendo sobre quién tiene razón.

La Mochila de 2026, como la Feria, como la Feria Medieval... quedará marcada por esa renuncia. No por la lluvia, ni por una circunstancia meteorológica adversa, ni por una decisión voluntaria de las familias. Quedará marcada por una crisis de seguridad que tres meses después sigue condicionando la vida de la ciudad. Es una imagen demasiado dolorosa para una población que ha demostrado durante décadas su capacidad de resistencia y que no debería tener que acostumbrarse a vivir con miedo o resignación.

Ceuta no puede convertirse en una ciudad donde la excepción sea la norma y donde sus ciudadanos tengan que pedir permiso a las circunstancias para disfrutar de su propia tierra. Los ceutíes no tienen por qué aceptar que se les ampute una parte de su libertad mientras el Gobierno vende avances que no se corresponden con lo que se ve y se vive en la calle.

Tres meses después del 30 y 31 de julio, la pregunta ya no es cuánto tiempo necesita el Gobierno para recuperar la normalidad. La pregunta es cuánto más pretende que aguanten los ceutíes antes de asumir que la normalidad no se proclama: se demuestra.

Este año, la mochila de los ceutíes pesa más que nunca. Lleva dentro la tradición interrumpida, la tranquilidad perdida, la incertidumbre de los barrios y la decepción ante unas instituciones y un Gobierno de la Nación que todavía no han devuelto a la ciudad la seguridad y la libertad que merece.

Una ciudad española no puede resignarse a vivir así. Y sus ciudadanos tampoco.