La Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes denuncian que decenas de agentes de la Policía Nacional, algunos con material antidisturbios, accedieron el pasado lunes 26 de octubre al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a residentes e iniciar su devolución a Marruecos. Las entidades califican de extremadamente violenta la actuación y aseguran que estas intervenciones continúan.

Según ambas organizaciones, las devoluciones se están realizando por un paso no habilitado, en lugar de por el puesto fronterizo oficial. Sostienen que este procedimiento impide el registro formal de las entregas y dificulta el acceso a asistencia letrada, la presentación de alegaciones y la tutela judicial efectiva. Entre las personas afectadas, señalan a mujeres, personas LGTBI y ciudadanos de Yemen, Senegal, Sudán y Bangladés. Las entidades advierten de que algunas habían recurrido la denegación de su solicitud de asilo y disponían de medidas cautelarísimas de la Audiencia Nacional.

Los colectivos también sitúan el viernes 23 de octubre otra de las actuaciones denunciadas. Según su relato, al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron devueltas a Marruecos y permanecieron durante varios días en una zona fronteriza sin poder entrar en territorio marroquí ni regresar a España. Afirman que estuvieron tres días sin acceso a comida ni agua.

La denuncia incluye el caso de dos ciudadanos yemeníes, uno de ellos identificado como Yaseen S. A., trasladados, según la información recibida por las entidades a través de su abogada, hasta Youssoufia. Allí habrían sido despojados de su dinero y pertenencias y detenidos por la policía marroquí por estancia irregular. La letrada y otros abogados de la Coordinadora de Barrios habían advertido previamente por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI de que ambos tenían recursos presentados y que, según su interpretación, no podían ser devueltos. Las organizaciones añaden que el ACNUR se había pronunciado en contra de la denegación de su protección.

El Ministerio del Interior reconoce la devolución, pero niega haber desobedecido a la Audiencia Nacional. Según la versión ministerial recogida por las entidades, el plazo terminó el viernes y la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, cuando el afectado ya se encontraba en Marruecos. Interior habría reconocido posteriormente la vigencia de la medida cautelarísima y planteado que el migrante se personara en el paso fronterizo, una posibilidad que las organizaciones consideran inviable. El Ministerio sostiene, además, que las 16 personas devueltas el viernes no habían presentado recurso, extremo que los colectivos cuestionan.

Elín y la Coordinadora de Barrios consideran que estas actuaciones vulneran la legislación sobre protección internacional, el principio de no devolución y la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. También denuncian que se utilice la figura del retorno voluntario para encubrir expulsiones de personas con recursos pendientes o medidas cautelares en vigor.

Entre sus exigencias al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta figuran el fin de las redadas en el CETI y en otros recursos de acogida, el cese de las devoluciones de personas con procedimientos pendientes y de las entregas por pasos no habilitados. Reclaman asimismo asistencia letrada e intérpretes antes de cualquier devolución, protección urgente para los colectivos vulnerables e información pública sobre el número de personas detenidas y devueltas y las condiciones en que se han producido las actuaciones.